Diario de León

Hacienda negocia ya en el Congreso los nuevos impuestos a la banca y eléctricas

El Ejecutivo de Sánchez quiere convertir en permanentes los gravámenes temporales

María Jesús Montero deberá negociar con los grupos parlamentarios mantener los impuestos. ÁLVARO CABRERA

Publicado por
Amparo Estrada
Madrid

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La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, negocia con los grupos parlamentarios la conversión en impuestos permanentes de los gravámenes temporales sobre la banca y las energéticas. Al principio, el Gobierno los había planteado para gravar los ‘beneficios caídos del cielo’ de estas empresas durante 2022 y 2023; después lo prorrogó a 2024 y ahora quiere incorporarlos a la estructura impositiva como un tributo más. Hacienda recaudó el año pasado entre ambos gravámenes más de 2.900 millones de euros. En 2023, la gran banca española -Banco Santander, BBVA, Caixabank, Banco Sabadell y Bankinter- ganó más de 26.000 millones de euros, una cifra récord.

Para convertir en impuestos lo que hasta ahora son unas tasas temporales, el Gobierno tiene que aprobarlo a través de una ley y necesita el apoyo de otros grupos parlamentarios sin los cuales será imposible aprobar la norma. Hacienda ya lo está hablando con los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, pero no ha mantenido contacto alguno sobre este tema con el Partido Popular, principal partido de la oposición. Sumar, su socio de gobierno, apoya la permanencia de estos impuestos, como ya incluyó en el acuerdo de investidura PSOE-Sumar, donde se pactó la revisión de las tasas sobre bancos y energéticas para adaptarlas y hacerlas permanentes.

El PNV, por su parte, reclama que el impuesto se concierte para Navarra y País Vasco y se les dé capacidad normativa sobre él. La negociación de los impuestos se está realizando simultáneamente con el posible apoyo a los Presupuestos Generales del Estado para 2024.

En el caso del impuesto a las energéticas, el Gobierno ha aceptado que las empresas que inviertan en electrificación de la red puedan deducirse por ello. Eso fue después de que empresas como Repsol amenazasen con paralizar algunas inversiones.

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