La Audiencia abre diligencias por posibles delitos de Air Madrid

La Audiencia Nacional ha abierto diligencias previas para depurar la posible responsabilidad penal de los gestores de Air Madrid, ante la sospecha de que la polémica aerolínea pudo vender miles de billetes en sus últimos días de funcionamiento con supuesto «conocimiento de que los vuelos no se iban a realizar». De otro lado, todos los grupos parlamentarios de la oposición acusaron ayer a la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, de actuar «tarde» en esta crisis, a lo que ella respondió que lo hizo cuando la situación resultaba «insostenible» y «peligraba la seguridad» de los pasajeros. Con la judicialización del caso se abre una vía de posible reparación para los 130.000 clientes de la aerolínea que se han quedado «tirados», a la vista de que la misma había alegado falta de liquidez para resarcirles por los daños sufridos y de que el Gobierno no iba a adelantar pago alguno. La Fiscalía apoya en este sentido una denuncia de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), presentada el mismo día (15 de diciembre) que Air Madrid decidió de manera unilateral suspender sus operaciones -después le fue retirada la licencia, una medida «sin precedentes» en España pero que se da con «relativa frecuencia» en países como EE.UU. y Canadá-, al creer que existe «una generalidad de personas a las que se ha causado un grave perjuicio». No obstante, antes de solicitar imputación alguna por los posibles delitos de estafa y fraude contra los consumidores, el fiscal pide al juez Juan del Olmo que requiera una copia del expediente abierto por Fomento contra la compañía aérea y también de las miles de reclamaciones existentes frente a ella. Asimismo, quiere que la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Judicial elabore un informe sobre el caso y que se identifique el jefe de márketing de la compañía, que seguramente será el primero en ser interrogado sobre si ésta mintió al «seguir ofreciendo sus servicios sin que», supuestamente, «tuviera posibilidad de cumplir los compromisos adquiridos». Fuentes judiciales apuntaron la posibilidad, de momento lejana, de que la Dirección General de Aviación Civil pudiera ser declarada responsable civil subsidiaria en un eventual proceso penal, por no haber tomado antes medidas de prevención. Sin embargo, la ministra Magdalena Álvarez lo negó durante su comparecencia parlamentaria de ayer, la primera monográfica sobre la crisis de Air Madrid. De hecho, sugirió que Fomento podría personarse en el proceso (vía abogado del Estado) para reclamar los seis millones de euros que ha costado su plan de urgencia para repatriar a unos 5.500 afectados, así como los 4,5 millones impuestos en sanciones (si no son abonadas). «Discrepancias subsanables» «Actuamos cuando creímos que lo teníamos que hacer» para justificar sus medidas prenavideñas, dijo la titular del departamento, al tiempo que recordó que a la compañía se le abrieron 21 expedientes en los tres últimos años. Para la oposición, no obstante, Fomento actuó «tarde» y, según algunos grupos -como PP y CiU- «sin rigor», al renovar en mayo pasado la licencia de vuelo de Air Madrid. Álvarez justificó esta controvertida decisión en que las «seis discrepancias» detectadas entonces eran «subsanables» y, por ello, la aerolínea no estaba en riesgo. Pese a que la mayoría de los grupos se mostró preocupado por que Air Madrid hubiera operado tantos meses con problemas de seguridad, y reprochó a la ministra que su mensaje de «tolerancia cero» no hubiera funcionado antes, sólo el PP la pidió que dimitiera, cosa que ella rechazó porque «sólo me lo plantearé cuando me entere de que hemos hecho algo mal».