Los poderes ocultos del príncipe Carlos

El Gobierno británico se ha visto obligado a recurrir al príncipe Carlos de Inglaterra para que éste apruebe al menos una docena de proyectos de ley en virtud de una prerrogativa real, informó ayer el diario The Guardian . Este rotativo llevó a cabo una investigación acerca de la existencia de una laguna constitucional que confiere al heredero a la Corona británica el derecho de veto en aquellos proyectos que puedan tener un impacto en sus intereses personales.

Desde el 2005, ministros de seis carteras diferentes han tenido que buscar el consentimiento del príncipe de Gales a la hora de redactar proyectos de ley relacionados con asuntos como la seguridad vial o temas relacionados con los Juegos Olímpicos de Londres del 2012.

A diferencia de la sanción que da la reina Isabel II de Inglaterra a los proyectos de ley aprobados, los poderes que tiene el príncipe Carlos se aplican cuando esos pueden interferir en sus propios intereses. En particular, según este rotativo, cuando afectan al Ducado de Cornualles, una zona privada valorada en 700 millones de libras (unos 800 millones de euros). Ni el Ejecutivo británico ni Clarence House —la residencia oficial de Carlos de Inglaterra— han revelado cuáles son las alteraciones en la legislación que ha solicitado el príncipe.

Este rotativo tuvo acceso a una carta remitida por un ministro a la oficina del príncipe en la que solicita su consentimiento a un nuevo proyecto de ley sobre planes urbanísticos en la que hace referencia a «los intereses privados del príncipe de Gales». Según el diputado liberaldemócrata Andrew George «si el príncipe va a vivir como un igual, cualquiera con una influencia excepcional o de veto debería ejercerlo con transparencia».