Los trabajadores de Elmar entienden que lo «lógico» es que el Gobierno informe «desfavorablemente» al ERE
Si el Gobierno falla en la misma dirección que el Ejecutivo autonómico, el personal se reincorporaría a sus puestos el 24 de febrero
Los trabajadores de la factoría de Congelados Elmar de León se felicitaron hoy por la decisión de la Junta de Castilla y León de remitir al Gobierno un informe «desfavorable» a la aprobación del ERE presentado por el grupo Pescapuerta, propietario de la factoría leonesa, tal y como confirmó a la agencia Ical el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta, Carlos Díez.
Según interpretó el portavoz de los trabajadores, Ricardo López, lo «lógico» sería que, según el informe presentado por el Ejecutivo autonómico, el Gobierno también fallara «desfavorablemente», algo que no se conocerá hasta primera hora de mañana.
En el caso de confirmarse este extremo, los trabajadores se reincorporarían a sus puestos el 24 de febrero. A partir de ahí, en el caso de que el grupo Pescapuerta continuara adelante con su intención de eliminar la factoría de León, sería «más complicado», ya que tendría que recurrir a «un despido improcedente», pero legalmente tan sólo podría prescindir del diez por ciento de la plantilla cada tres meses, lo que supondría un periodo de tres años «para llevarse la empresa de León».
Sin embargo, López recordó que esos no son los planes del grupo Pescapuerta, que, por el contrario, quiere un cierre «rápido», lo que permitiría «abrir muchas posibilidades» para la continuidad de la factoría leonesa y de sus trabajadores, quienes reconocieron estar «muy contentos».
Sin embargo, Ricardo López remarcó que, si se confirma el rechazo del Gobierno al ERE, se abrirían igualmente «más vías», ya que los trabajadores procederían a denunciar a la empresa «por cómo está haciendo las cosas». Y es que además del daño económico ocasionado, también se ha provocado un daño moral y «no» se ha tenido a los trabajadores «en consideración». Además, estimó que tanto Trabajo como la Seguridad Social «tendrían mucho que decir» y sería necesario proceder a «una investigación» del anterior ERE.
La Junta decidió remitir el informe «desfavorable» al ERE atendiendo a dos argumentos. Por un lado, se rechazaron los motivos de viabilidad económica esgrimidos por la compañía para el cierre por considerar que «no existe fundamento ni razones objetivas» y, por otro lado, se constató que «gran parte de la maquinaria productiva ya no se encontraba en el centro