La seguridad privada perdió el 39% de sus empleos durante el último ejercicio

El sector de la seguridad privada en la provincia de León perdió en el último ejercicio casi el 40% de sus puestos de trabajo y concentra en la actualidad la actividad de 800 personas, según datos oficiales de la Subdelegación de Gobierno de León.

El colectivo espera que la aprobación de la nueva legislación que acaba de entrar en vigor a este respecto sirva para revitalizar un área en la que hay 626 establecimientos que tienen la obligación de contratar profesionales de estas características.

El Gobierno acaba de aprobar la Ley de Seguridad Privada una nueva normativa que impulsará la coordinación y cooperación entre los sectores de seguridad pública y privada, abrirá la posibilidad de prestar nuevos servicios demandados por la sociedad y que no estaban recogidos en anterior normativa de 1992. Además, la nueva Ley combatirá el intrusismo que conllevará graves sanciones como el cierre de aquellas empresas que infrinjan la nueva regulación.

La Unidad Territorial de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía de León es la encargada de inspeccionar la actividad que desarrollan las empresas de seguridad, y que está regulada por Ley 23/92 de 30 de julio de Seguridad Privada, cuyos servicios se consideran por Ley complementarios y subordinados a la seguridad pública, así como de habilitar a los vigilantes de seguridad, además de la formación permanente del personal que trabaja en este sector.

La Ley de Seguridad Privadaabre la posibilidad de que los vigilantes privados puedan identificar y detener a personas en la vía pública. Los grupos que se oponen a la norma consideran que supone una preocupante «ruptura» de la concepción de seguridad pública atribuida a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

La enmienda relativa a las competencias de empresas de seguridad privada permitirá a vigilantes identificar, cachear y detener a ciudadanos en los polígonos industriales, las urbanizaciones, las zonas comerciales peatonales y los acontecimientos deportivos, culturales u otros que se desarrollen en vías o espacios públicos, con la autorización pertinente.

Según matizó después el Gobierno, los vigilantes privados sólo podrán detener en la vía pública a quien cometa un delito y deberán ponerlo a disposición de las fuerzas de seguridad del Estado. Interior señala que los vigilantes nunca podrán proceder a su interrogatorio, ni practicar cacheos ni detenciones arbitrarias y añade que las detenciones serán practicadas sólo si la persona ha cometido el delito en el ámbito de protección del vigilante, es decir, el lugar que custodia.

A nivel provincial, la actividad se coordina a través de la Comisión Mixta Provincial de Seguridad Privada, constituida en el año 1997 en aplicación del Reglamento de Seguridad Privada. Un órgano que preside el Subdelegado del Gobierno en León, Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández, y que está integrada por responsables de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), representantes de los establecimientos obligados por Ley a disponer de medidas de seguridad (entidades bancarias, joyerías, administraciones de loterías, etcétera), y representantes de empresas y trabajadores del sector.