La obra estará licitada en un año y superará los 80 millones
La redefinición del plan de integración ferroviaria de la alta velocidad en León asienta un nuevo marco temporal, después de casi cuatro años de paralización absoluta tras la inauguración de la estación provisional. Con el AVE como acicate, la intención del Ministerio de Fomento, según fuentes consultadas, es que antes del verano se saque a contratación la redacción del proyecto y que, sin imprevistos en la tramitación administrativa, se puedan licitar los trabajos en el plazo de un año para que como muy tarde en el verano de 2016 haya obras en la zona.
No hay calendario más allá para emplazar la finalización del proyecto, aunque la primera fase, que es la comprendida desde el entorno del estadio de fútbol hasta la llegada a los talleres de Renfe en el barrio de La Sal, cuenta con la ventaja de que ya dispone del tráfico ferroviario cortado gracias al funcionamiento de la estación provisional. El segundo paquete del plan integral, que afecta a los terrenos de San Andrés del Rabanedo no se haría hasta que se finalizasen los cerca de 2 kilómetros de intervención inicial, de los cuales alrededor de 600 metros son los que irán a la cota máxima bajo rasante; muy en consonancia con el conocido como plan de Álvarez Cascos, planteado en 2003 durante por el entonces ministro de Fomento del Gobierno del PP de Aznar, tras el cual Zapatero reescribió los planos para extender la integración durante más de 2,6 kilómetros.
No tendrá nada que ver tampoco el presupuesto con el que quedó comprometido por Zapatero, pero que paralizó su último ministro de Fomento, José Blanco, en beneficio de las inversiones de la línea hacia Galicia. Entonces se calculó que costaría la integración prometida por los socialistas cerca de 600 millones de euros, que estaban condicionados a la venta de los terrenos para la construcción de más de 5.000 viviendas, como se hacía en las integraciones de la mayoría de ciudades, caso de Valladolid, que sigue inmersa en ese proceso. Aquí, el Gobierno dejó claro desde su entrada en el otoño de 2011 que no había capacidad económica ni financiera para afrontar el proyecto leonés, al tiempo que, a petición del Ayuntamiento de León, se disolvió la sociedad de integración que sigue operativa en el resto de capitales.
Ahora, de acuerdo a las estimaciones de fuentes ministeriales, se apunta que las dos primeras fases del proyecto de integración de la alta velocidad sobrepasarán los 80 millones de euros, de los cuales más de 60 millones de euros corresponderán al tramo que afecta al municipio de la capital leonesa.