El Ayuntamiento de León encarga un plan de vivienda a 86 días de las elecciones

Con el marco establecido por la ley autonómica dictada en 2010 y después de casi cuatro años de mandato, el equipo de gobierno de Emilio Gutiérrez en el Ayuntamiento de León encargó ayer la redacción de un Plan Municipal de Vivienda, Suelo y Regeneración Urbana. Un documento que «deberá recoger entre sus objetivos la determinación de las necesidades reales de vivienda en el municipio, así como los ámbitos residenciales con mayores requerimientos de rehabilitación o regeneración urbana, sirviendo de base para detallar las líneas de acción a llevar a cabo en coordinación con los programas establecidos en la Comunidad», según consta en la encomienda realizada al Instituto Leonés de Renovación Urbana y Vivienda (Ilruv), en la que se cita además que el trabajo deberá dar respuesta a «las necesidades de suelo precisas para atender a las de vivienda y la programación de las actuaciones urbanísticas a desarrollar para su consecución».

El encargo del trabajo al instituto municipal, a 86 días de que se celebren las elecciones, justifica su conveniencia en que «tanto las normativas estatales como autonómicas han configurado un escenario propicio para impulsar el necesario cambio de rumbo que ha de dársele a la cuestión, a la luz de la actual situación económica, concentrando los esfuerzos en el fomento del alquiler y el impulso de la rehabilitación, renovación y regeneración urbanas, frente a las políticas anteriores dirigidas a incentivar la promoción y la construcción de viviendas con protección pública».

La foto fija que se quiere conseguir ahora que el mandato toca a su fin —sin que en estos cuatro años se hayan desarrollado iniciativas de vivienda ni se haya conseguido relanzar las Áreas de Rehabilitación Integral (ARI) del casco histórico, El Ejido y León oeste— cuenta con ejemplos como los que representa las promociones impulsadas por el entonces Ministerio de Vivienda, gestionadas a través de la Junta, que se levantaron en Armunia y Puente Castro. Allí, se invirtieron 3.441.400 euros de dinero público para la urbanización de los dos sectores, con la promoción entregada a manos de Viproelco: la sociedad coparticipada por Caja España y Agelco, en la que la parte financiera terminó por rescatar a la inmobiliaria para poder acabar las construcciones.

En estas dos bolsas de suelo hay, de acuerdo a los datos ofrecidos por la Consejería de Fomento, un 26,7% de inmuebles vacíos: en Los Juncales, al lado de Doctor Fleming, apenas hay cubiertas 117 de las 230 viviendas de protección que se promovieron; mientras que en el Portillo, donde se levantaron 271 de precio público, hay vacantes 21, de las cuales 17 corresponden a la iniciativa puesta en marcha para promover el alquiler en ausencia del mercado de venta. Ahora, estos excedentes han pasado a formar parte de la cartera traspasada por las entidades financieras a la Sareb, conocido como banco malo, al que se encargó la gestión de los denominados activos tóxicos.

Todos estos parámetros entrarán en el plan, que comenzará por «una evaluación del grado de ejecución y los resultados del anterior», que se incluyó como adenda al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2004. Un punto de partida desde el que definir «el estudio de la demografía y la estructura de la población, la demanda actual de vivienda en el municipio y su proyección futura», según se cita en la encomienda realizada al Ilruv, en la que además se apunta que el documento deberá contener «la descripción de la estructura urbana residencial y la situación del parque de viviendas existente, con especial atención a los déficits detectados y las necesidades de rehabilitación y regeneración; y el estudio de la oferta de vivienda y la comparación con la demanda, de manera que se pueda evaluar la parte que queda excluida del mercado de vivienda».