Cada funcionario toca a mil parados en León

Casi mil parados por cada funcionario destinado a las oficinas del Servicio Público de Empleo (Sepe) en la provincia. Un nivel de saturación que dificulta la prestación de los servicios, y que se agrava con la situación límite que vive buena parte de los desempleados de la provincia, que no encuentran respuesta a sus necesidades en las exigencias que se les plantean o que revientan cuando les comunican que les han denegado una prestación. Un entorno laboral cada vez más difícil, al que no ayuda el hecho de que el tiempo medio que cada funcionario puede dedicar a un parado ronda los 15 minutos.

Las nueve oficinas del Servicio Público de Empleo en la provincia cuentan actualmente con 47 funcionarios, la mitad de ellos en las dos sedes de la capital. Según explica Hipólito Riesco, presidente del sindicato CSI-CSIF, las oficinas de La Serna y Ramón y Cajal en la ciudad de León cuentan con doce trabajadores cada una, mientras que en Ponferrada hay una oficina con 11 funcionarios, que atiende de media entre 150 y 200 parados al día.

La Bañeza, con cuatro trabajadores; Astorga con tres y Valencia de Don Juan con dos forman parte de un mapa que completan las delegaciones en Cistierna, Fabero y Villablino, cada una con un solo funcionario.

«Entre estos trabajadores públicos se cuenta el director de la oficina, que en el caso de las que sólo tienen una persona ejerce todas las funciones. Las que tienen más funcionarios cuentan con personal para reconocer las prestaciones, y otros para expedir certificados», señala Riesco.

El responsable del sindicato de funcionarios en León hace hincapié en el hecho de que en las oficinas de León y Ponferrada cada trabajador que desempeña sus funciones de cara al público tiene que atender de media a un desempleado cada quince minutos. «Esto hace que en todos los casos el conjunto de personal, incluido el director, se vea obligado a desempeñar las funciones del resto de los compañeros para dar salida al trabajo que se acumula».

Una situación particularmente alarmante en Ponferrada, donde la oficina del Sepe tiene apenas 85 metros cuadrados, lo que genera un hacinamiento de empleados y usuarios que «no sólo no permite la más mínima intimidad a la hora de exponer la situación de cada uno, sino que endurece aún más las condiciones en las que se presta el servicio. La sala de espera sólo tiene cuatro sillas, y los parados no tienen ni dónde colocarse».

De momento la mejora de los datos de parados no alivia la situación en las oficinas encargadas de tramitar la documentación, informar sobre las prestaciones y exigir la documentación necesaria para llevar a cabo las gestiones oportunas. La falta de tiempo de los funcionarios, la desesperación de quienes no encuentran opciones para trabajar y, sobre todo, la decepción cuando se les deniega una ayuda que para muchos es la última oportunidad de acceder a un ingreso económico en la familia, provoca situaciones de grave tensión.

Incidentes

De hecho CSIF ha denunciado un incremento de las agresiones contra los funcionarios de los servicios públicos de empleo. Sobre todo gritos, amenazas, y golpes a los muebles, aunque a nivel nacional se ha registrado ya alguna agresión.

En la provincia de León no se ha llegado a este extremo, aunque los funcionarios reconocen que las broncas con los parados son habituales. De momento sólo se ha registrado el caso de un usuario que tiró uno de los ordenadores de los funcionarios al suelo.

Según el sindicato, que recuerda que a nivel nacional se realizan más de 13 millones de gestiones cara al público en estas oficinas, la situación se ha agravado en los últimos meses, lo que provoca en los empleados públicos ansiedad y temor a sufrir represalias.

Los empleados del servicio de empleo se suman así a los de prisiones y los de la sanidad pública, que hasta ahora eran las principales víctimas del enfado y la impotencia de los usuarios.