POLÍTICA
La Diputación cierra su mandato más convulso antes de constituirse

La corporación aprobó el acta anterior antes de disolverse
Con un «agradecimiento a la labor que han hecho todos los diputados por la provincia» cerró ayer el mandato más convulso el tercer presidente de la institución, Emilio Orejas, a quien precedieron Isabel Carrasco, asesinada, y Marcos Martínez Barazón, imputado por la Operación Púnica. Un mandato «muy difícil», según calificó el mandatario, quien insistió en «la vuelta a la normalidad institucional» alcanzada en los últimos meses» y que les ha permitido saldar un balance «positivo». «Mucha suerte en lo que afronten a partir de ahora los que no repiten», concedió el regidor de Valdelugueros, quien el jueves en la constitución de la nueva corporación se sentará a la derecha del presidente, Juan Martínez Majo.
No habrá «problema» para la constitución de la Diputación, según auguró el portavoz del PSOE. Luis Rodríguez Aller, que seguirá en el grupo, se mostró «tranquilo» ante la impugnación de la lista de diputados socialista efectuada por un grupo de concejales del sur de la provincia, quienes defienden que se conculcó sus derechos de sufragio tanto activos como pasivo al no ser convocados para votar. Frente a esta tesis, que debe resolver ahora la sala de lo contencioso administrativo del TSJ, el alcalde de Vegacervera defendió que sí que se había informado a los ediles, aunque citó que en esta ocasión la junta electoral había convocado por medio de los partidos, en lugar de hacerlo a través de los ayuntamientos. «Que decida la justicia», zanjó, después de calificar el mandato como «positivo para la provincia».
No coincidió en este juicio Matías Llorente, El diputado no adscrito, ahora en las filas de la UPL, criticó que «ha habido dos fases: una primera autoritaria» y otra en la que, tras la detención de Martínez Barazón, «los que decidieron fueron los funcionarios pata negra».
Llorente aprovechó para reclamar que se «cambie la norma de elección indirecta por directa, que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes (León, Ponferrada y San Andrés) no tengan nada que ver y que dentro de la provincia no haya partidos judiciales, sino que los votos sean todos los que los ciudadanos». «El PP y el PSOE no quieren cambiarlo porque les interesa mamonear a nivel de todas las diputaciones», criticó.