Tres solicitudes de declaración de los miembros del consejo
El Ministerio Fiscal ha solicitado en tres ocasiones a lo largo del procedimiento la declaración de los miembros del Consejo de Administración de Caja España en enero de 2009, en marzo de 2015, mayo de aquel año y el pasado mes de enero. Lo que, según el juez que dictó el auto de archivo de la causa el día 6 de este mes, «circunscribe el presunto delito de administración desleal al acuerdo allí adoptado de reestructuración de deudas, habida cuenta que, en los cuerdos posteriores de Caja España o las entidades financieras sucesoras, o no habrían intervenido todos ellos, o habrían intervenido otros consejeros, cuya citación como investigados no se ha interesado en el curso de estas diligencias».
El magistrado señala que si el objeto de la investigación ha quedado delimitado por la instrucción al acuerdo de 8 de enero de 2009», debe apreciarse la prescripción al haber transcurrido más de cinco años hasta que se dictó la providencia de 6 de abril de 2015.
Esa providencia es la que señala el auto de la Audiencia Provincial de enero de 2017 que rechaza los recursos de apelación por la prescripción del delito, ya que considera que interrumpió el tiempo de prescripcion de un presunto delito que, según este auto, no se limita al acuerdo de 2009, sino que es continuado en el tiempo.
Para la Audiencia las operaciones de refinanciación aprobadas desde entonces hasta el 26 de enero de 2012 tenían por finalidad la reestructuración de la deuda del entonces presidente y luego consejero, «sin aportación de nuevas garantías eficaces, efectuadas una vez que habían vencido el plazo de carencia de pago de intereses y principal que se había concedido en enero de 2009». Lo que ponía de manifiesto «la incapacidad de hacer frente a sus compromisos de pago en las fechas de su vencimiento».