El seguimiento masivo de la huelga en Villahierro obliga a que los prácticos cumplan servicios mínimos

Los funcionarios en prácticas cumplirán hoy también con los servicios mínimos en la huelga de funcionarios de prisiones que se inicia a las doce de la noche. Este dato es un indicativo del seguimiento masivo en el paro de los 430 trabajadores de la prisión de Villahierro. 

La primera de las jornadas convocadas por los sindicatos UGT, ACAIP, CCOO, CSIF y CIG tiene como objetivo instar al Gobierno al desbloqueo del conflicto laboral, que desde hace más de un año mantenemos con la Administración Penitenciaria. Los trabajadores denuncian la necesidad de abordar una negociación real tras la propuesta presentada por la administración penitenciaria el pasado 25 de septiembre y que fue retirada tan solo tres día después bajo el argumento de restricción presupuestaria. La medida reivindicada suponía un incremento retributivo de 123 millones euros a los largo del periodo 2019-2021 destinada a una subida salarial que supondría para cada funcionario 123 euros brutos más mensuales.

En la prisión de Villahierro trabajan 430 personas, entre funcionarios y personal laboral, para una población de internos de 900 reclusos, muchos de ellos calificados de peligrosos y clasificados como 91.3, que se designan como aquellos que muestren una manifiesta falta de adaptación a los regímenes comunes. "Además, hay que subrayar que estos 430 trabajadores se reparten en turnos, tienen que estar en cabinas, en la torre, en el muelle...", subrayan como manera de destacar la precariedad de medios humanos a la que se enfrentan

Estiman además que la adhesión a la huelga será grande pero al mismo tiempo expresan su temor ante el hecho de que los servicios mínimos se lo "coman" todo.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias han recordado a Efe que se presentó a las centrales sindicales un estudio técnico y no una oferta y que en él se proponía trabajar en la reforma de la clasificación de los trabajadores en función del centro en el que trabajen, algo que no se había modificado desde 2005.

Se trataba de reducir de 9 a 3 las categorías, lo que redundaría en una mayor equiparación salarial, según las mismas fuentes.

Las fuentes se han remitido al acuerdo de la Mesa de la Función Pública, donde todos los sindicatos -Acaip no está representado- firmaron una sabida salarial para el trienio 2018-2020, de un 1,75 %, de 2,25 % y de 2 % para cada uno de los años como incremento fijo, más los porcentajes variables que también fueron acordados.

Un acuerdo del que no puede moverse la administración, han precisado las fuentes consultadas, que han cifrado en 2.165 euros brutos mensuales (1.650 netos) el salario de un funcionario del cuerpo de ayudantes recién incorporado a un centro tipo, mientras que el sueldo de un trabajador del cuerpo técnico es de entre 2.000 y 2.050 euros netos. En materia de personal, han resaltado las más de 900 plazas convocadas el pasado 31 de julio, que se suman a las 700 que se cubrieron en 2017.

Otras de las mejoras conseguidas es el cómputo del tiempo en prácticas en el acceso a la segunda actividad de los funcionarios y que no se descuente la productividad en los casos de enfermedades graves.