La empresa que ofrecía falsos trabajos estafó más de un millón a inmigrantes

La red desarticulada hace tres meses por el Cuerpo Nacional de Policía, que se dedicaba a introducir extranjeros en León tentándolos con falsos contratos laborales a cambio de un anticipo económico, ha llegado a estafar más de un millón de euros (166 millones de pesetas). Así lo ha confirmado el comisario provincial, Ángel Miñambres, quien destaca que los inmigrantes afectados son 177 y proceden, especialmente de Colombia, Marruecos y Rumanía. Las detenciones de L.V.G., de 45 años, y su compañera sentimental A.V.M.A., de 32 años y nacionalidad colombiana, fueron posibles tras un laborioso seguimiento de las actividades de ambos sospechosos. Los agentes se pusieron en la pista tras detectar que desde dos empresas propiedad de L.V.G. y A.V.M.A se estaban emitiendo numerosas ofertas de trabajo a extranjeros. Las compañías, Enase Servicios Sociales S.L. y Eurocop S.L., no desempeñaban actividades mercantiles desde 1993 y 1997, respectivamente. Además, habían cambiado en varias ocasiones de ubicación. Primero ocuparon una vivienda en la calle Canónigo Juan, después en Conde Guillén -de donde fueron desahuciados por falta de pago- y, finalmente, en el propio domicilio del varón detenido, en la calle Villabenavente. El comisario explicó que la red utilizaba personas que servía de gancho para atraer a los inmigrantes desde sus países de origen. Buscaban, sobre todo, extranjeros en paro a los que ofertaban un trabajo en León a través de las empresas fantasma y una carta notarial doméstica de invitación al país. Cuando llegaban a la ciudad, las cartas no se correspondían con lo prometido y les reclamaban por las gestiones 1.500 euros (250.000 pesetas). En la mayoría de los casos, la red llegó a cobrar sólo un adelanto de 300 euros (50.000 pesetas). Organización humanitaria Para no ser descubiertos, inscribían a los inmigrantes en una organización humanitaria denominada Ciudadanos Universales e incluso les hacían firmar un documento de protesta en el que manifestaban que los agentes de policía y la Subdelegación del Gobierno de León no tramitaban su legalización en España. El grueso de los 177 afectados eran mujeres sudamericanas, magrebíes y de los países del Este que colocaban en locales de alternes de la provincia. Según la declaración de las víctimas, los dos detenidos les exigían pagar la deuda contraída con la organización bajo amenazas y supervisaban los ingresos que obtenían en los clubes.