Discurso institucional de León: 'La Constitución y la defensa del interés social'
La fiscal del Tribunal Supremo Lourdes Rodríguez Rey. J. CASARES
Discurso íntegro del acto institucional celebrado hoy en León capital, pronunciado por María Lourdes Rodríguez Rey,
fiscal del Tribunal Supremo :
"Estar aquí, hoy, es un gran honor y tiene un significado muy especial. Mi
satisfacción es doble, en el plano personal y en el plano institucional.
Personalmente son muchos los vínculos que me unen a esta ciudad y
provincia. Nací en León, estudie en León. En León formé mi familia: mis hijos y
mi marido son leoneses y durante unos cuantos años, desarrollé mi vida
profesional en León.
Institucionalmente me honra profundamente participar en este acto lleno de
simbolismo.
Celebramos, hoy, el cuadragésimo tercer aniversario del pacto de convivencia
más importante de la reciente historia de España.
Un pacto inclusivo, paradigma de éxito político y de altura de miras de la
sociedad de aquel momento.
La aprobación y ratificación de la Constitución de 1978 supuso el inicio de un
nuevo periodo en nuestro devenir colectivo.
La justicia y el ministerio fiscal
Como Fiscal que soy, y por el respeto que todos ustedes y la sociedad leonesa
me inspiran, mi intervención se va a referir a aquello que, y lo digo
modestamente, creo que mejor conozco y a lo que he dedicado mi vida
profesional: LA JUSTICIA.
Con mi exposición pretendo compartir unas reflexiones sobre el especial
momento que en nuestro país está viviendo la JUSTICIA y también, cómo no,
una de sus piezas claves, EL MINISTERIO FISCAL.
Pero lo quiero hacer poniendo la vista en quienes la solicitan: los ciudadanos y
las ciudadanas.
La Constitución ha elevado a la categoría de fundamentales aquellos derechos
basados en la dignidad de la persona y en el respeto a los derechos de los
demás.
El instrumento más poderoso que la Constitución ha puesto al servicio de los
ciudadanos y de las ciudadanas para reconocimiento de sus derechos e
intereses es, precisamente, LA JUSTICIA, o tal vez con una expresión más
humilde, LA ADMINISTRACIÓN DE LOS TRIBUNALES.
No, no es tarea fácil conocer la JUSTICIA.
San Isidoro, que es patrón de nuestra Universidad, decía que la justicia,
aplicando un criterio correcto, permite que se distribuya a cada cual lo suyo.
A lo que se podía añadir en clave constitucional sí, dar a cada uno lo suyo,
respetando la dignidad humana en la búsqueda del bien común.
León
León ha sido encrucijada de culturas y cuna de reyes y del parlamentarismo, y
por ello, ha tenido mucho que ver con la historia de Europa.
Su privilegiada situación en el Camino de Santiago ha mantenido a la capital en
permanente contacto con diversos focos de cultura europea, a través de las
estancias en la ciudad de sabios y estudiosos de todos los rincones de Europa.
Tal vez por ello ofrezca en el pórtico de su bellísima catedral una imagen
visionaria de la JUSTICIA que les invito a contemplar de nuevo y en cuanto
tengan ocasión: En el LOCUS APPELATIONIS, donde los reyes leoneses
administraban justicia, se puede contemplar el sobrecogedor altorrelieve gótico
que muestra:
“Una imagen pequeña, casi mirando hacia el suelo, sin venda y con los ojos
muy abiertos, una justicia triste en la que la libra esta en el fiel, pero una
poderosa espada de grandes proporciones se alza incluso por encima de la
cabeza de la diosa.
La Justicia y los cambios de la sociedad
La JUSTICIA, en el siglo XXI sigue siendo la eterna asignatura pendiente como
lo son también las relaciones de los ciudadanos con los tribunales y con la
política. La justicia es una cuestión de Estado.
Es indiscutible la necesidad de obtener una respuesta de la Justicia, no solo
rápida, sino que responda a lo que la sociedad espera. Esta clamorosa
demanda nos debe llevar a preguntarnos, como ciudadanos, si la Justicia
actual está sirviéndonos, y a los servidores públicos si realmente servimos.
Los conceptos y valores más esenciales y tradicionales se han visto claramente
desbordados por las nuevas formas propias de un mundo globalizado y
dominado por las nuevas tecnologías.
La Pandemia global con su horror y sufrimiento nos ha enseñado importantes
lecciones de fragilidad, “nadie está a salvo”. Nos hemos tenido que refugiar en
nuestros hogares, único lugar en donde nos hemos sentido seguros y en donde
hemos convivido con los nuestros como nunca.
Hemos tenido que cambiar costumbres y rutinas y poner fin al frenesí de
muchas cosas: a esos alocados viajes, en ocasiones y tal vez, a ninguna parte;
a una hiperactividad, a veces desmedida, que quizás poco asimilábamos y no
mucho nos aportaba.
Como también hemos tenido que renunciar a los abrazos de los seres
queridos. Y a muchos ratos agradables con los amigos, cuyos lazos también se
han visto tocados, porque como se dice en esta, nuestra tierra “el roce hace el
cariño”.
La Pandemia, a la vez, ha dejado al desnudo la cruda realidad de la
desigualdad entre los países con recursos económicos y sanitarios y aquellos,
otros muchos, que no los tienen en algo tan esencial como lo es el tratamiento
que podíamos y que podemos recibir para la supervivencia.
Al igual que de repente cambió la percepción sobre quienes eran y son
trabajadores esenciales y quienes no, pasando a primer plano profesiones en
las que antes poco habíamos reparado.
Las fronteras se hicieron permeables en la expansión del mal, al
tiempo que nos sentimos conectados y ciudadanos del mundo.
Porque como dice Gloria Steinem, Premio Princesa de Asturias de
Comunicación y Humanidades 2021
“No existen los inmigrantes, todos somos pasajeros en esta nave espacial
terrestre, con la esperanza de salvar nuestros futuros y nuestros bosques, que
son nuestro futuro”.
Porque, también, la pandemia nos ha dado enormes lecciones de altruismo en
las personas y en la Ciencia
Derechos de nueva generación
La sociedad entera ha cambiado y tras la pandemia global, aun más y, con ella, el
propio concepto de los derechos que hoy el ciudadano considera imprescindibles,
como lo son los llamados “derechos de tercera y cuarta generación”.
Y en este sentido, cabe preguntarnos si uno de estos derechos no lo es el
derecho a una justicia ÚTIL, capaz de cambiar la realidad.
Pero para ello, para logar esa Justicia UTIL, necesitamos cambios.
No podemos dar respuestas a fenómenos del siglo XXI con recetas del siglo
XIX.
En la justicia son necesarias reformas estructurales, pero también cambiar
nuestra mentalidad para encontrar entre todos formas distintas de resolver las
demandas de los ciudadanos.
Es preciso que observemos atentamente la realidad social y que aseguremos
la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Y así, la politización de la Justicia y la judicialización de la política son factores de
deslegitimación de primer orden, que es preciso atajar y desterrar. No es posible
pretender que la Justicia sea eficaz, si no es creíble, y no puede serlo si, dejando
de lado el más mínimo rigor jurídico, lo que se pretende obtener a través de sus
actuaciones es sencillamente un eco mediático que permita ganar fuera de lugar y
tiempo lo que no se gana en las urnas o lo que debería ser objeto de contienda en
las mismas.
Del mismo modo que no es posible dotar de credibilidad a unas instituciones
sometidas a permanente sospecha de parcialidad política.
El fiscal en la Constitución de 1978
Y en este anhelo de cambio para lograr una justicia útil y eficaz que garantice
los derechos que nuestra Constitución consagra, una pieza clave es el
Ministerio Fiscal.
La figura del Fiscal está presente tanto en la literatura española como en la
universal. Es un tema recurrente que ha contribuido a forjar imágenes y
opiniones.
Cómo no recordar aquí a Kafka y su estremecedor libro El proceso, a
Dostoievski y Los hermanos Karamazov, a Albert Camus con El extranjero, al
malvado Gérard de Villefort en El Conde de Montecristo o a Victor Hugo que
describía en 1832 de manera escalofriante la figura del Fiscal en El último día
de un condenado, como a un hombre pagado para enviar a otros a la guillotina.
Son imágenes que están totalmente alejadas de la figura del Fiscal actual.
En nuestro pasado más reciente, el Ministerio Fiscal, se configuró como
“órgano de representación del Gobierno ante los Tribunales”, o, lo que es peor,
como “órgano de comunicación” entre el Ejecutivo y la Justicia.
La Constitución rompe con esa trayectoria de proximidad al poder ejecutivo y lo
encuadra dentro del poder judicial como el órgano encargado de la defensa de
la legalidad y de los derechos de los ciudadanos y del interés público y social.
El fiscal sigue siendo una institución apasionante, centro de la polémica
política y mediática.
Los esfuerzos de los fiscales por la desvinculación del poder ejecutivo han sido
una constante en nuestra historia democrática.
Principio de legalidad
La Constitución de 1978 ha dado lugar a un Fiscal con un perfil mucho más
amplio en consonancia con lo que la Carta de Roma entiende que debe ser un
Fiscal en un estado de derecho y en una sociedad democrática.
PERSECUCION DE LOS DELITOS Y PROTECCIÓN DE LAS VICTIMAS
La persecución de los delitos sigue siendo la función genuina del Fiscal como
también lo es la protección de las víctimas.
La protección de las víctimas de todos los delitos y en especial, las de violencia
de género: las mujeres y sus hijos e hijas. Aquellas mujeres e hijos que viven
un microcosmos regido por el miedo y la dominación en palabras de una
reciente sentencia del TS. La Violencia de género y doméstica, pues,
constituyen el mayor atentado a la paz familiar.
Así como también es prioritaria la protección de las mujeres y de los menores,
víctimas de la trata de seres humanos y de la prostitución. La nueva esclavitud
del siglo XXI, que mueve ingentes cantidades de dinero y es más lucrativa que
el tráfico de drogas.
Sin olvidar a las todas víctimas de los atentados contra la libertad sexual.
Interés social
La Constitución, también le ha encomendado al Fiscal la defensa del interés
social.
Por ello y para el desempeño de esta tarea el Fiscal está presente en ámbitos
tan novedosos como:
- -El de los consumidores y usuarios. Consumidores y usuarios que se ven
- enfrentados a poderosas empresas en una posición absolutamente asimétrica,
- con prácticas abusivas que vulneran sus legítimos derechos, y que son lesivas,
- también, para el interés general.
- -En la protección de la familia y de la infancia.
- -En la defensa de los derechos de los trabajadores, cuyos accidentes laborales
- más graves siguen sin contenerse, incluso en la pandemia.
- -En el cuidado de la tolerancia y de la diversidad, que constituyen la base de
- una convivencia pacífica y democrática. Valores y principios que son
- maltratados en los delitos de odio. Delitos de odio en los que están en juego
- derechos tan fundamentales como la dignidad y la igualdad.
- -Como también estamos presentes y día a día nos esforzamos en hacer
- realidad, en todos y cada uno de los rincones de nuestra sociedad, los
- principios de la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas
- con discapacidad o diversidad funcional. Principios que, por fin han cristalizado,
- en las recientes reformas legislativas que han establecido un nuevo sistema de
- protección basado en el respeto a la voluntad y las preferencias de la
- persona con discapacidad.
Hoy se celebra el día internacional de la Discapacidad. Desde aquí un recuerdo
de cariño y aliento para ellos y ellas y para quienes les acompañan.
Medio Ambiente
No podía faltar. Los ataques al medio ambiente son foco de nuestra atención.
Art. 45 Constitución configura el medioambiente como derecho deber de todos
Medio ambiente tan importante en una provincia como la nuestra que tanto
patrimonio natural atesora.
Medio ambiente y desarrollo sostenible como prioridad de Naciones Unidas y
de la Agenda 20-30 y en cuya protección nos tenemos que esforzar.
Medio ambiente y justicia climática como reivindicación de los pueblos que hay
que apoyar.
Nuevos retos constitucionales
La pandemia NOS ha planteado a todos enormes retos constitucionales.
Retos que vamos abordando desde nuestras respectivas posiciones y a los que
aportamos nuestra visión en la ponderación de los derechos fundamentales en
juego como ha ocurrido:
En la confrontación entre los derechos a la salud pública y los derechos a la
libertad de movimiento, de reunión y de manifestación en el trágico periodo del
confinamiento y de la vigencia de los Estados de Alarma.
O en el conflicto latente entre el derecho fundamental a la libertad e integridad
física propia y la integridad física y salud de los demás y que se plantea en
temas tan actuales como la obligatoriedad de las vacunas.
O en el desafío de la era digital en nuestra privacidad.
“La economía de los datos” y “la sociedad de la vigilancia” a la que aluden los
pensadores, nos han pillado desprevenidos.
A raíz de la pandemia el universo digital se ha extendido y la privacidad se ha
visto enfrentada a nuevas amenazas.
La privacidad consiste en no compartir con otros ciertas cuestiones íntimas:
nuestros pensamientos, nuestras experiencias, nuestras conversaciones,
nuestros planes.
Los seres humanos necesitamos privacidad. Como dice CARISSA VÉLIZ “si
damos nuestros datos a las empresas privadas, mandaran los ricos, Si se las
damos a los gobiernos, terminaremos sufriendo alguna forma de autoritarismo.
Solo si las personas conservan sus datos la sociedad será libre. La privacidad
importa porque da poder a la ciudadanía”.
Tenemos, pues por delante la gran tarea de configurar el contenido y límites de
los derechos fundamentales en la era digital.
Percepción del latido de la sociedad
Finalizo, retomando el hilo de la misión que la Constitución ha atribuido a la
institución a la que pertenezco.
Si la Constitución ha configurado al Fiscal como el intérprete cotidiano del
interés social, entonces, es preciso que perciba debidamente el latido que
transmite la ciudadanía ante cada conflicto.
Porque si lo que perciben nuestros conciudadanos al acercarse es que nuestra
respuesta resulta técnicamente correcta y profesionalmente solvente, pero no
está en la misma “onda” en la que se mueven sus pretensiones, es que algo
falla en el fondo. Seguramente resulta que nuestra percepción del interés social
debe ser revisada.
El Fiscal al igual que el resto de las instituciones y órganos constitucionales
debe de estar inmerso de lleno en la sociedad.
Hay que pasar de la mera posición de espectador a la de agente capaz de
proponer y ejecutar soluciones.
El órgano especialmente diseñado por la Constitución para la defensa de la
legalidad no puede quedarse a solas dialogando con la Ley.
De hecho, disponemos de un observatorio privilegiado de la realidad social.
Estamos presentes ante todos y cada uno de los órganos jurisdiccionales
repartidos por todo el territorio de este, nuestro, país.
Esta posición, nos permite componer una visión global y al mismo tiempo
extremadamente detallada de los problemas que la sociedad presenta a diario
ante los órganos encargados de resolverlos.
La misión de defensa de los derechos de los ciudadanos y del interés social
que la Constitución atribuye al Fiscal unido a los principios de legalidad,
imparcialidad y unidad de actuación que rigen la institución le dota de una
misión estabilizadora, vertebradora del Estado y garante del Estado de
Derecho.
Muchas gracias por su atención