Abogados y procuradores advierten de la cascada de cierres en los bufetes
Respetan el derecho a las huelgas «pero lo pagamos nosotros que no tenemos la culpa»
La concentración de abogados y procuradores registró una notable asistencia. M.Á.Z.
Los bufetes de abogados y procuradores de León vaticinan otra ola de cierres como consecuencia de los efectos de las huelgas que primero de letrados de la administración de justicia, luego magistrados, jueces y fiscales y ahora funcionarios están desarrollando en defensa de sus derechos laborales. «Nosotros no podemos resolver sus problemas, pero somos los que estamos pagando las consecuencias», advirtieron Fernando Rodríguez Santocildes, decano del Colegio de la Abogacía y Encina Martínez, decana de los procuradores.
«Los Colegios de la Abogacía y Procuradores de León manifestamos nuestra seria preocupación por la situación actual de la administración de justicia, y de manera especial por lo vivido a lo largo de este primer semestre del año en el que las sucesivas huelgas han supuesto la práctica paralización del servicio público de justicia y con ello la de la actividad profesional de abogacía y procura», leyeron en el manifiesto público los decanos.
«Desde el más absoluto respeto al derecho a la huelga de todos los trabajadores, no puede obviarse que la situación que padece la administración de justicia origina un grave perjuicio a los profesionales sin actividad durante meses y con una importante merma de sus ingresos que abocan a situaciones francamente críticas y preocupantes; e igualmente para el conjunto de la ciudadanía ante los retrasos en los procedimientos judiciales y suspensiones de juicios y vistas, cuyo señalamiento ya se viene demorando hasta 2025, y que posponen la pretensión de obtener la respuesta judicial a los problemas que suscitan ante los Juzgados y Tribunales, situación que ya se padeció a raíz de la crisis sanitaria de los últimos años y ahora se ve seriamente agravada».
Pero hay más complicaciones: «El actual escenario impone un llamamiento a la responsabilidad de todas las partes a fin de que se alcance una solución definitiva a los problemas suscitados poniendo como objetivo la prevalencia del interés general, recuperando la normalidad de la actividad judicial y evitando causar mayores perjuicios a profesionales y ciudadanía, y exigimos nuevamente respeto y que se informe con una mínima antelación de 24 horas de las suspensiones motivadas por el ejercicio del derecho de huelga evitando innecesarios inconvenientes, gastos y desplazamientos a las sedes judiciales tanto a profesionales, como ciudadanos quienes no tenemos en nuestra mano la solución del conflicto».
Por eso denuncian «que la justicia continúe siendo la gran asignatura pendiente de nuestro país; como cualquier servicio público debe ser mínimamente eficiente, con una organización y dotación de medios personales y materiales que responda a los fines de conseguir una justicia rápida y de calidad, con retribuciones adecuadas y fomento de la promoción profesional», explicaron en el comunicado.