El Ayuntamiento de León busca personal fuera para desatascar el caos de las terrazas

Tres meses después de que expirara el plazo tope para la entrada en vigor de las terrazas, con el servicio limitado en sus recursos humanos, las carpetas de los expedientes convertidas en torres en las mesas de los profesionales y más de medio millar de hosteleros pendientes de la regularización, el Ayuntamiento de León reacciona. El equipo de gobierno de José Antonio Diez ha decidido a finales de esta semana, asediado por las críticas del sector y los vecinos, contratar más personal para poder atender las autorizaciones.

La propuesta para agilizar las revisiones, que han hecho que se levanten terrazas a la espera de la regularización, justo en la época de más rendimiento económico para los hosteleros, ha recibido ya el visto bueno de la Intervención municipal. El órgano del que depende el control financiero ha dado paso para poder emprender la contratación de nuevos trabajadores adicionales a la plantilla municipal, con un compromiso por obra y servicio que se extinga cuando se resuelva el atasco de expedientes de la nueva ordenanza reguladora del establecimiento de terrazas.

El plan inicial apuesta por la incorporación de dos administrativos, uno de los cuales se intentará que se traslade de otro servicio municipal, aunque en su ausencia se contratará también por obra y servicio. Como añadido, el equipo de gobierno espera lograr el cambio de otro departamento de un delineante, sin necesidad de acudir fuera o incluso sacar a concurso las tareas para que las ejecute una empresa privada.

Las nuevas incorporaciones se sumarán a un equipo que, desde finales del pasado año, ya alertó de que no daba abasto. Pese a que la avalancha de los expedientes no resultaba difícil de prever, el equipo de gobierno obvió las necesidades del servicio, en el que sólo hay por ahora un técnico de comercio, dos administrativos, un arquitecto y un inspector. Como refuerzo, cuenta con los efectivos especializados dentro del cuerpo de la Policía Local, donde, en cambio, se había desmontado antes el Servicio de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (Separ) justo antes de la nueva normativa.

Los refuerzos se anuncian como la solución para desatascar el servicio. Como reconoció el equipo de gobierno en el Pleno de este pasado viernes, a preguntas del grupo municipal Vox, «a fecha 25 de junio se han presentado 503 solicitudes de terraza, de las que 112 son en calzada». El portavoz del PSOE, Vicente Canuria, leyó el documento técnico en el que se abunda en que, «con la aplicación de la normativa, inicialmente se han dado ya de baja 142 terrazas, declaradas extintas por no aportar la documentación requerida en tiempo y forma, a pesar de la ampliación del plazo y de los requerimientos realizados por no cumplir con los requisitos de la nueva ordenanza».

El edil del grupo socialista detalló que «en el proceso de tramitación y revisión de la documentación» en el que están inmersos «en 6 hubo requerimiento por deuda, en 41 están pendientes de que los solicitantes subsanen la documentación al estar incompleta y otras 71 están en la espera de los informes de otros servicios municipales que se necesitan». «A mayores, hay 14 órdenes constitutivas de levantamiento de terraza por impago, de las cuales se tiene constancia de que se han levantado 2 y que el resto han pagado en vía ejecutiva», remató.

El portavoz del gobierno de Diez defendió que los «expedientes se están tramitando» esperan «una adecuación de la normativa que es y será esencial para la regulación idónea del establecimiento de estos elementos, demandados no sólo por la población sino para el sector servicios, que genera un movimiento económico fundamental en la economía y empleo».

Los hosteleros critican que no invertirán en las nuevas terrazas hasta que no les validen desde el Ayuntamiento si cumplen con la normativa

En su respuesta a Vox, el edil señaló que «los servicios municipales están trabajando para regularizar todas las terrazas renovadas y solicitadas conforme a la normativa, estudiando tanto la tramitación administrativa como la corrección de los espacios y elementos a la normativa, siguiendo las necesarias inspecciones, informando y, cuando procede, formulando la correspondiente labor sancionadora». «Negamos cualquier tolerancia con el incumplimiento de la ordenanza. Está siendo garantista con los derechos de los establecimientos y de la ciudadanía. En este momento, desde hace meses, el servicio está trabajando en la resolución de los centenares de expedientes, ya que al ser una ordenanza de nueva aplicación afecta a todos los establecimientos, por lo que es complejo procesarlos con la celeridad que a todos nos gustaría», justificó el portavoz del equipo de gobierno municipal.