El alcalde de León intenta salvar de carambola la tasa de basura 2024 con el fallo en contra del TSJ

En una carambola judicial inédita, el Ayuntamiento de León busca ahora beneficiarse de la condena del Tribunal Superior de Justicia (TJS), que acaba de anular la tasa de la basura de 2025. El plan del equipo de gobierno de José Antonio Diez pasa por acatar el fallo del Alto Tribunal, sin recurrir en casación al Supremo y, de rebote, que la aplicación suponga la vuelta automática a las ordenanzas fiscales de 2024. Con esta normativa en vigor, los socialistas no sólo evitarían el riesgo de aventurarse a perder los 11,6 millones de euros de la recaudación prevista para este ejercicio, sino que además intentarían desmontar el argumento de quienes recurren el recibo de tratamiento de residuos del año pasado, del que depende el cobro de 5,1 millones de euros, por entender que la ordenanza no está en vigor.

El galimatías hace que la nulidad de pleno derecho del tributo de la basura de 2025 se convierta en una ventaja no sólo para buscar cobrar los 5,1 millones del año pasado y no poner en peligro los 11,6 millones de este. El equipo de gobierno de Diez la tramitó de manera irregular al incumplir los plazos legales de exposición pública para que pudiera ser recurrida, como sentencian los magistrados del TSJ. Pero, como se recoge en la disposición adicional de la normativa, en «caso de anulabilidad o nulidad de pleno derecho se recobrará automáticamente la vigencia» de las tasas que fueron derogadas con efectos de 31 de diciembre de 2024.

Dos recibos diferenciados otra vez

Esta aplicación hace que se vuelva al escenario del pasado año. El Ayuntamiento volvería a tener dos tributos diferenciados, en lugar de aunarlos en un solo recibo como pretendía para 2025: una que grava la recogida de basura y otra que, heredera del antiguo consorcio de Gersul, impone el cobro por el tratamiento de la basura en el CTR.

Este segundo recibo es el que había empezado a acumular recursos por parte de las empresas y ciudadanos que contaban con notificación telemática. Las reclamaciones se agarran al informe de la intervención municipal que defiende que «la liquidación retroactiva de cuotas tributarias (tasas) en 2025, respecto de un hecho imponible realizado en 2024», que no se notificó con acuse de recibo como marca la ley para el primer año de un nuevo tributo, y «cuya ordenanza fiscal ha sido derogada con efectos de 31/12/2024, no se ajusta a derecho».

Facua anima a los contribuyentes a que recurran todo

El gobierno de Diez defendía que sí podía cobrarse, aunque de puertas adentro mostraba su desconfianza. Ahora, con la aplicación del fallo del TSJ, podría argumentar que la tasa de tratamiento no está derogada. En su porfía, había empezado a girar los recibos de este tributo de 2024, metida de tapadillo junto a la notificación de la tasa de 2025, en la que se unificaban estos servicios de Gersul y la recogida de toda la vida. Como respuesta, habían comenzado organizarse las campañas de recursos masivos, como la alentada por la asociación de consumidores y usuarios Facua.

El organismo, «a la espera de la decisión del Ayuntamiento de todo este embrollo», mantendrá la recomendación a sus asociados de que recurran los recibos que les lleguen. «Y si decidieran admitir la nulidad de 2025 y aplicar la de 2024, vamos a defender que mientras no se está de alta en el padrón de un tributo, no se puede cobrar pues se vulnera el derecho de ser informados y el derecho de defensa, por más que el hecho imponible se haya generado», abundan desde Facua, que insisten en que su criterio pasa por «mantener recurrido cualquier acto tributario municipal de este asunto». «Pagando, eso sí», apostillan.

El Ayuntamiento devolverá a quien ya pagó

El gobierno municipal intentará desactivar toda esta campaña y salvar los 5.132.990,7 de euros del recibo de tratamiento de la basura de 2024. De esta cifra, ya ha adelantado con fondos propios 4.280.541,02 a la Diputación por el uso del CTR.

La operación implica que primero devuelva el dinero a los ciudadanos que ya habían pagado o les compense la cantidad con el descuento de otros pagos tributarios. No son muchos por ahora, dado que sólo responde a las empresas que han pagado por sede electrónica y los que tienen dada de alta la ventanilla fiscal virtual.

Nuevas notificaciones con el coste de 2025

Para los demás tendrá que modificar las notificaciones que estaban ya en ventanilla de salida. El Ayuntamiento de León había firmado un contrato con Correos, con un coste de 448.949,25 euros, para las notificaciones con acuse de recibo a cada contribuyente, obligatorias por ley en los casos de un nuevo tributo. Pero el plan ahora implica que no se notificarán los recibos de tratamiento de 2024 y el nuevo unificado de 2025 de una vez, sino sólo el del año pasado del tratamiento, que supone 38 euros para las viviendas. Para

Los ciudadanos recibirán además otro recibo de 38 euros por el tratamiento de la basura de 2025. En paralelo, se les cobrará la factura por la recogida de basura como hasta ahora, con arreglo a la ordenanza fiscal del año pasado,aunque de un tirón, en lugar de espaciarse en cuatro trimestres. Su cargo responderá a 50,62 euros para las viviendas ubicadas en las vías de primera y segunda categoría; 43,8 euros para las de tercera y cuarta; y 35,6 para las de quinta y sexta.

Una recaudación de 2,4 M€ menos de lo que quería Diez

La suma de actuaciones permitirá recaudar 2025. No se llegará a los 11.685.014,01 euros, que se espera puedan cobrarse en 2026 con una nueva tramitación del tributo. Sin la subida que marcaba la ordenanza fiscal anulada, la recaudación estimada queda en 9.270.000 euros: una merma de 2.425.014,01 euros. El equipo de gobierno de Diez sabe que, si se empecina en recurrir al Supremo y mantener las notificaciones de cobro actuales, con arreglo a la tasa anulada por el TSJ, corre el riesgo de perder todo. La pugna judicial, como ya sucedió con el IBI de 2008, podría alargarse cuatro años. En caso de que la justicia ratificara la primera sentencia, como sucedió entonces, el Ayuntamiento tendría que devolver el dinero a los contribuyentes que hayan recurrido y ya no contaría con plazo para girarles el recibo.