El Común urge al Ayuntamiento a actuar en la casona de Dámaso Merino

Quince años después de la primera alerta, el Procurador del Común vuelve a actuar de oficio para exigir al Ayuntamiento de León que adopte, «con la mayor celeridad posible», las medidas para «salvaguardar la seguridad pública» comprometida por «el evidente deterioro físico y la posible inestabilidad estructural» de la casona solariega de la calle Dámaso Merino. El «claro incumplimiento del deber legal de conservación por parte de sus propietarios, agravado como consecuencia del transcurso del tiempo y de las inclemencias meteorológicas a las que se haya expuesto», hace que desde la institución dirigida por Tomás Quintana se exija al consistorio que «proceda a la ejecución subsidiaria de las labores de conservación y cuantas resulten necesarias conforme a lo previsto legalmente» para que no se venga abajo el edificio de «más de 400 años de antigüedad, con una fecha indeterminada de construcción, entre finales del siglo XVI y comienzos del XVII».

El nuevo dictamen incide en que «el avanzado estado de degradación física y el menoscabo evidente de los elementos estructurales de la edificación requieren la adopción urgente de medidas efectivas encaminadas a la adecuación del inmueble a las exigencias técnicas en el campo, incluso, de la rehabilitación y regeneración urbana». La urgencia, después de que, en las últimas semanas, se hayan producido «nuevos desprendimientos y el desplome de tierra y cascotes a la vía pública», hace que el Procurador del Común insista en que «la normativa urbanística expresamente prevé la ejecución subsidiaria, como es conocido, a la que debe acudirse en caso de incumplimiento del deber de conservación por parte del propietario del inmueble».

La actuación de oficio recalca que se da un «nuevo y más que posible peligro que se aprecia en la zona», ante el que «las medidas provisionales adoptadas» por el Ayuntamiento «para prevenir eventuales daños se han limitado al precintado del inmueble por la Policía Local de León». La actuación se quedó en «acordonar el edificio» para tratar de «advertir de la peligrosidad, pero es en todo caso insuficiente, ya que no minimiza el peligro para la seguridad de los viandantes, vecinos, turistas, repartidores u hosteleros que diariamente transitan» la calle Dámaso Merino.

El organismo recuerda que «el 23 de abril de 2011 se produjo un colapso del edificio y el derrumbe de parte de su fachada, desplome completo de los tres últimos metros del extremo oeste del edificio». Entonces se hizo una intervención, pero «la falta o el mínimo mantenimiento del edificio» a partir de ese momento «ha provocado que se haya deteriorado progresivamente el muro de tapial revocado y pintado que constituye la fachada del mismo».

Esta falta se pone de manifiesto de nuevo, como señala el Procurador del Común, que remarca la obligación del Ayuntamiento de trasladar a los propietarios «las instrucciones técnicas precisas hasta la eliminación de toda perturbación». El escrito reclama al consistorio que «valore la conveniencia de adoptar las demás medidas provisionales necesarias para impedir daños a las personas o las cosas, tales como el apeo y apuntalamiento del inmueble, el cerco de fachadas o el desvío del tránsito de personas y del tráfico rodado», debido al «riesgo real para las numerosas personas que diariamente transitan por esta vía situada en pleno casco histórico de la ciudad, que desemboca en el punto más visitado de la ciudad, la Catedral de León y su entorno».