El litigio por el imperio de autobuses Fernández, visto para sentencia

El destino, siempre caprichoso, ha terminado por tejer una historia con tintes cinematográficos que ayer se ventiló en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla. En ella se enlaza la vida de un multimillonario leonés que falleció casi en secreto en 2021, un hijo legítimo al que no quiso reconocer, un albacea primo de un exministro y varias instituciones religiosas de León y Zamora.

Todos unidos en un juicio por los 14 millones que dejó Antonio Fernández Díez tras morir en su piso señorial del madrileño Paseo Moret, y que ha revelado la cara más íntima y extravagante de un hombre que, pese a acumular una fortuna, vivió y murió en un aislamiento casi monacal.

‘Don Antonio’ era un personaje de otra época: trabajador incansable, de vida social inexistente salvo la caza y extremadamente reservado. Jamás se casó. Su excentricidad se manifestaba en la intimidad de su hogar de 300 metros cuadrados frente al Parque del Oeste. Allí, el empresario leonés heredero de los autobuses Fernández que vendió a Alsa por 5.000 millones de las antiguas pesetas, había instalado un sistema de timbres en cada habitación para reclamar al personal de servicio, según confirman.

Una distancia que también mantuvo con su hijo, Álex Aranzábal, que tuvo que recurrir a la prueba de paternidad y recorrer un largo periplo hasta el Tribunal Supremo para que la justicia obligara a su padre a admitir lo que su sangre ya gritaba. Para entender esta historia hay que viajar décadas atrás, a una de las tantas cacerías que frecuentaba la alta burguesía. En ellas coincidían Antonio Fernández y la madre de Álex, Juana Mínguez Arrillaga. Una mujer vasca casada con Imanol Aranzábal, que mantuvo una relación con el leonés de la que nació Álex. Durante años, la verdad permaneció oculta bajo una capa de cortesía familiar: Álex creció viendo a «Don Antonio» como un amigo cercano de la familia, hasta que en 1999 su madre le confesó la verdad. Hoy, ese hijo —doctor en Economía, exitoso empresario de 51 años y expresidente del club de fútbol de Eibar— lucha por desmantelar lo que considera la última «trampa» de su padre para negarle su sitio.

El foco del juicio celebrado ayer se centró en desmontar la validez del testamento firmado bajo el Derecho Foral Navarro. La defensa de Aranzábal, liderada por el abogado Fernando Osuna, insistió en que Fernández Díez nunca dejó de ser aquel millonario leonés que vivía en Madrid. Sostuvo que su empadronamiento en un «modesto» piso de 70 metros en Pamplona fue una «ficción legal» para evitar que su fortuna —compuesta por acciones, viviendas y joyas agrarias en León— terminara en manos de su hijo.

«Estamos contentos, porque tras declarar el detective privado y varios vecinos de Pamplona creemos que ha quedado demostrada la cuestión clave de que esa residencia en Navarra era una argucia», indicó a este periódico Osuna. El letrado del hijo se ‘enfrentó’ en la sala a cinco abogados que representaban a las órdenes religiosas, a sobrinos lejanos y al albacea Ricardo de Guindos, que pasó a percibir un sueldo de 10.000 euros mensuales fijados por el propio Antonio Fernández apenas 48 horas antes de morir, y que defiende la pulcritud del proceso.

Mientras Osuna sostiene que el empresario —asesorado por su entorno— orquestó una mudanza ficticia a Pamplona entre 2001 y 2004 con un único fin que era aprovechar el Derecho Foral de Navarra para desheredar a su hijo, algo imposible bajo el derecho común que rige en el resto de España, el economista y exinspector de Hacienda De Guindos defiende que su única labor es cumplir la voluntad de su amigo. Niega cualquier irregularidad en el paso del leonés por Navarra y asegura que el empresario, hombre de ideas fijas y carácter firme, sabía perfectamente cómo quería distribuir su legado.

Si el juez da la razón a Aranzábal, la fortuna de 14 millones de euros dará un vuelco y su hijo podría recibir el 80% del patrimonio en detrimento principalmente de las instituciones religiosas de León y Zamora, beneficiarias del testamento navarro.

El legado sobre la Cenia, la gran finca de caza cedida al oftalmólogo Luis Fernández-Vega, también entraría en el debate sucesorio. Antonio Fernández murió como vivió, rodeado de una discreción absoluta. No hubo esquelas en León ni funerales públicos que alertaran de su marcha. Hoy, sin embargo, su nombre resuena con fuerza. En juego están viviendas de lujo, tierras y un patrimonio financiero forjado con el tesón del empresario de la vieja escuela. Para Álex Aranzábal, es la lucha por el reconocimiento de una sangre que el millonario leonés solo admitió bajo mandato judicial. Para el albacea y los legatarios, es la defensa de la última voluntad de un hombre que, hasta el final, quiso decidir quién entraba en su casa y quién heredaba su imperio.