El Ayuntamiento de León se jacta de que tiene 3 años más de reparto de pluses de la basura a dedo
- La sentencia del TSJ de hace un año le obliga a aplicar la movilidad interna ajustada al convenio
- El gobierno de José Antonio Diez se ampara en que ya ha dictado el decreto de inicio del proceso, sin apenas avances
Los trabajadores de basura, con el líder de USO, Antonio Nicolás, en el Pleno de ayer.
Un año después de la sentencia que le obliga a acabar con el reparto a dedo de cerca de 300.000 euros anuales en pluses a trabajadores del servicio de limpieza, dentro de un sistema controlado por USO, como denunció Csif, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de León se jactó este miércoles durante el Pleno de que aún cuenta con tiempo hasta 2028. Pese al fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que insiste en que se debe aplicar el convenio, basado en criterios de «igualdad, mérito y capacidad», en lugar de que se decida de manera discrecional qué operarios lo reciben y cuáles no, los rectores municipales admitieron que lo que tienen que «hacer es cumplir la legalidad y acordar esa ejecución o ese desarrollo», pero con la apostilla de que cabe «en los tres años siguientes», como apuntó Vicente Canuria, portavoz de los socialistas.
La respuesta atendió a las preguntas planteadas por adelantado por la portavoz de Vox, Blanca Herreros, y contó entre el público con un nutrido grupo de trabajadores vinculados a USO, con su líder, Antonio Nicolás, al frente. Con este apoyo, el gobierno de Diez insistió en que el 22 de diciembre de 2025 «se produjo un auto denegatorio de ejecución de sentencia», pero sin citar que en el mismo se aludía a que no era necesario porque el Ayuntamiento excusaba que ya había comenzado a ejecutarla mediante un decreto de dictado a finales de diciembre. En el mismo, se excusa que el avance dependerá «de la carga de trabajo de la sección de selección y provisión», y se tendrá en cuenta «los principios de eficacia y eficiencia, que deben regir la actuación administrativa».
La mera argumentación le sirvió al edil de Personal para defender en el Pleno que «está en proceso de desarrollo el contenido material de aquel procedimiento, al igual que el resto de los procesos de promoción interna del Ayuntamiento». Como aval citó Canuria que «la comisión paritaria de interpretación del convenio colectivo, que está integrada por miembros que han sido designados por el Pleno, y algunos de ellos no del equipo de gobierno», ya se reunió justo «el pasado 20 de abril». La reunión se produjo casi un año después de la sentencia y cuatro meses más tarde del decreto, pero sin que haya servido más que para «acordar los tiempos en los que llevará a cabo ese desarrollo de las tareas que se tienen que realizar».
Mientras tanto se seguirá con el reparto de los pluses a dedo que el equipo de gobierno no cuantificó, «dada la premura» de la pregunta de Vox, planteada con dos días de adelanto. La cifra la aportarán «a posteriori», como comprometió el portavoz del PSOE, quien defendió que es «el responsable técnico del servicio» quien informa de «quiénes tienen que cobrar esos pluses por las diferencias de superior categoría a los trabajadores que las realizan», como remarcó el edil para representar a su grupo, a pesar de que esa área la dirige otro compañero, Jon Ander Fernández, quien guardó silencio.
En su intervención, sin opción a réplica por tratarse del punto del orden del día de ruegos y preguntas, el concejal socialista del Ayuntamiento de la capital leonesa defendió que «esta asignación de funciones de superior categoría es necesaria para asegurar el normal funcionamiento del servicio». «En caso de estar cubierta en la plaza, el coste sería similar o casi idéntico, por lo tanto, no supondría incremento alguno del gasto para el Ayuntamiento», porfió el portavoz del equipo de gobierno de Diez, quien se enrocó en que «el proceso» de selección que se sigue para determinar quién cobra estos pluses es «el mismo que se viene realizando desde incluso antes de la municipalización del servicio».