La Red de Calor recibe el permiso del Ayuntamiento de León para iniciar las obras
Las conducciones de casi 30 kilómetros de calles y la planta de biomasa, primer paso. Somacyl logrará este miércoles la licencia y sólo le restará formalizar el contrato de ejecución material
El complejo de energías renovables de la Red de Calor sostenible de León no se frena. Pese a las protestas ciudadanas, centralizadas en Puente Castro, donde se ejecutará, y el vecino barrio de La Lastra, el Ayuntamiento de la capital prepara la aprobación este miércoles de la «licencia urbanística para la ejecución de obras de construcción de planta de generación de energía térmica con biomasa», además de para la realización de las conducciones subterráneas, como consta en la documentación de la comisión informativa de Desarrollo Urbano. Con este documento, apoyado por el gobierno de Diez y el PP, ya sólo le quedará a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), dependiente de la Junta, adjudicar los trabajos y comenzarlos como muy tarde en el último trimestre del año.
No encuentran pega los técnicos municipales en la documentación, en la que apenas hacen una referencia a la necesidad de contar «la preceptiva autorización previa a los trabajos de la Dirección General de Carreteras», debido a «las instalaciones proyectadas en la zona de afección» de la Ronda Sur, que limita con el triángulo de la parcela definida por el cauce del río Bernesga, poco después de la confluencia con el Torío, y la parte trasera del cementerio.
La apostilla deja el único cabo pendiente, salvo intervención judicial, para que comiencen los trabajos del proyecto promovido por Somacyl. El complejo presenta un presupuesto de 53 millones de euros de inversión, que se espera que se reduzcan a 42,4 millones por las ofertas de las empresas constructoras, para ejecutar las instalaciones de producción de calor de biomasa, energía fotovoltaica e hidrógeno. No entra ya la planta de biogás, como comunicó la administración autonómica el pasado verano tras argumentar que no cuentan con suficientes residuos para rentabilizarla.
Sin esta fase, el complejo comenzará por la definición de las conducciones subterráneas, que tienen un presupuesto de ejecución material de 14.031.612,5 euros. La factura se ajusta a la expansión de los 14,249 kilómetros de ramales estructurantes y 15,944 kilómetros de secundarios de la fase inicial, dentro de un mapa en el que se dibujan hasta cerca de 65 kilómetros de calles por los que se transportará la energía generada para abastecer a los edificios públicos, además de las comunidades de vecinos que decidan adherirse. A la par comenzarán los trabajos de la planta de biomasa con la que se quiere arrancar el complejo por parte del Somacyl, que publicita como beneficios de la puesta en funcionamiento la eliminación de 500 chimeneas en la ciudad, con sus correspondientes emisiones de CO2.
No coinciden los miembros de la plataforma vecinal contraria en estos beneficios. El movimiento ciudadano insiste en que la Junta asegura «insistentemente que no existe ningún riesgo para la salud, pero sin garantías ni estudios técnicos».