Un informe recomienda invertir en infraestructuras en las regiones ricas

El recorte, a partir del 2007, de los fondos que la Unión Europea aporta al desarrollo de las zonas menos favorecidas obligará a España a replantearse la utilización que hace actualmente de estas ayudas, buscando en mayor medida criterios de rentabilidad general. Según un informe elaborado para la Fundación Alternativas, un foro de debate cercano al PSOE, la distribución territorial que se ha hecho de estas ayudas hasta ahora a través de la creación de infraestructuras ha llegado en muchos casos a su límite de eficiacia, una situación que unida al drástico recorte de dinero procedente de Europa obligará a partir de ahora a buscar fórmulas que redunden en una mayor eficiencia de las inversiones. El informe propone que en las regiones menos desarrolladas del país se aplique un sistema de ayudas a la educación, mientras que las inversiones en infraestructuras se destinen a autonomías más ricas, especialmente a Madrid, Cataluña y Baleares, puesto que parece demostrado que «la inversión en capital humano ofrece un margen mayor para reducir disparidades internas que la inversión en infraestructuras». El informe, que plantea una serie de propuestas sobre los mecanismos de cohesión territorial en España, ha sido elaborado por Ángel de la Fuente, vicedirector del Instituto de Análisis Económico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y con una prestigiosa trayectoria como especialista en análisis de políticas públicas y equilibrio territorial. El apartado en el que analiza las perspectivas de los fondos europeos se centra en la efectividad que han tenido las dos principales herramientas de las políticas de cohesión españolas y comunitarias: la inversión pública en educación y en infraestructuras, como instrumentos para la redistribución de la renta entre regiones. Concluye que el reparto de fondos vía inversión en infraestructuras ha sido «probablemente excesiva», y que «una política de inversión pública más orientada a la eficiencia redundaría en una ganancia neta de bienestar; una reorientación política que se hace ineludible en vista de la más que probable pérdida de una parte muy importante de las ayudas que han financiado el grueso de los programas de desarrollo regional». Ante la «necesidad de aumentar el peso del criterio de la eficiencia en la formulación de la política de inversión pública» hace una serie de propuestas. De la Fuente calcula, pese a la incertidumbre actual sobre las cifras finales, que España perderá entre 2.500 y 5.000 de los 7.000 millones de euros anuales que recibe ahora en concepto de ayudas europeas al desarrollo. Prioridades de inversión Una situación que obligará a establecer prioridades de inversión «sobre la base de un análisis de la rentabilidad» de los recursos disponibles; lo que supondrá «una mayor atención a las consideraciones de eficiencia en el reparto regional del presupuesto de inversión», y también a una asignación más eficiente de los recursos destinados a cada territorio con el fin de maximizar su impacto. El propio De la Fuente, con otros economistas, realizó en el 2003 un informe para la Comisión Europea que recoge estas mismas recomendaciones. Un estudio que concluye que las diferencias en niveles educativos explican alrededor del 40% de los diferenciales de productividad entre regiones, mientras que la distribución territorial de las infraestructuras «contribuye muy poco a tales diferencias, y de hecho las reduce marginalmente». El informe es más claro en lo que se refiere al futuro de estas dos líneas de inversión: «Mientras que la rentabilidad de las infraestructuras es generalmente mayor en regiones ricas y alcanza niveles muy elevados en Madrid, Baleares y Cataluña, el rendimiento de la educación tiende a ser mayor en los territorios más pobres, donde también excede al de las infraestructuras». La propuesta contempla, eso sí, la existencia de mecanismos internos de cohesión social suficientes como para que esta riqueza generada en las zonas más favorecidas pueda ser redistribuida a las autonomías con un menor nivel de renta y riqueza.