Stele califica como «regresivo y denigrante» el estatuto docente

El nuevo estatuto de la función pública docente, que en estos momentos negocia el Ministerio de Educación y los profesores es «denigrante», según el Sindicato de los Trabajadores de la Enseñanza de León -Stele-. Esta normativa, por el momento es sólo un borrador, pretende regular todo lo relativo a la profesión docente: clases de funcionariado; estructura y ordenación, procedimiento de selección, movilidad, derechos y deberes o el sistema retributivo. El documento se ha convertido en un punto de fricción entre la organización sindical y el Gobierno que, a juicio de Stele, «quiere ahondar en la jerarquización, en el individualismo y la competitividad entre el profesorado». El portavoz del secretariado de la confederación STE y miembro del Consejo Escolar del Estado, Augusto Serrano, dice que el Ejecutivo central «persigue» aplicar a la escuela pública métodos de gestión que son propios de las entidades privadas. El representante laboral, que ofreció ayer una conferencia en la capital en la que se trató este asunto, apunta como principales discrepancias entre Ejecutivo y educadores la denominación por parte del Ministerio de la «carrera docente, es decir correr y competir para llegar el primero, sólo así se podrán obtener retribuciones»; la evaluación voluntaria a los maestros: una valoración por parte de la Administración sobre la implicación en el trabajo diario, la dedicación horaria al centro, su apuesta por acabar con el fracaso escolar y su formación permanente. En este sentido se manifiesta Carlos Cadenas, portavoz de la agrupación sindical en la provincia. Para él, la direcciones de los colegios y la inspección educativa será determinante en la calificación del profesorado. ¿Quién se atreverá a cuestionar a personas que luego han de ponerte nota?, se pregunta. Así las cosas, «esta ley modifica el concepto de las retribuciones complementarias, introduce el grado, que sustituye a los sexenios que desaparecen. Y el profesorado puede ser degradado», subraya Augusto Serrano. El siguiente paso contempla que el Gobierno y la comunidad educativa se vuelvan a sentar para consensuar un texto que deje las críticas a un lado. Actualmente hay más de veinte puntos de confrontación.