Los padres insisten en que sus hijos no cursarán la asignatura y reclaman una alternativa
Los objetores de Ciudadanía exigen a los colegios que atiendan a los niños
El director de planificación educativa explica que es una sentencia y todos deben acatarla

Los padres, el día que registraron el recurso ante el TSJ de Castilla y León
león
Los padres de los niños objetores de la asignatura de Educación para la Ciudadanía rechazaron la oferta de la Junta que les proponía reunirse la pasada semana con el director general de planificación, ordenación e inspección educativa, Emilio Gutiérrez e, incluso, con el viceconsejero de educación, algo que también se les ha planteado. Exigen mantener un encuentro con el consejero o, incluso, con el presidente del Gobierno autonómico, Juan Vicente Herrera. Esta decisión, de carácter unánime la tomaban durante una reunión en la que los padres recibieron la notificación, ya de forma oficial, del levantamiento de la medida cautelar que eximía a cerca de 60 niños de acudir a esta clase. A pesar de esta decisión, los padres afirman «que las cosas no han cambiado y que los contenidos siguen siendo los mismos, por lo que nuestra actitud seguirá igual», afirmó el presidente de la plataforma leonesa León Educa Libertad, Aurelio García. En este sentido, desde la Junta afirman que una reunión con el consejero o el presidente no es posible. «Se les ha ofrecido una reunión con el viceconsejero, pero las cosas ya están claras y también la han rechazado», afirmó Gutiérrez, quien también explicó que «la norma es la norma y hay que cumplirla, tanto nosotros como los padres y los centros».
Desde la consejería reiteran que el número de objetores en la provincia leonesa ni siquiera se acerca al que ofrecen desde la plataforma y afirman, además, que la mayoría de los niños se encuentran en colegios concertados.
La pretensión de los padres, a día de hoy, cuando ya se les ha trasladado la respuesta del Tribunal Superior de Justicia, continúa siendo «que se permita que estos niños realicen una actividad alternativa, como un trabajo relacionado con los derechos humanos o similar, para poder superar esta asignatura», según palabras del presidente de la plataforma.
Por otro lado, García afirmó que «no es verdad que los centros no tengan que hacerse cargo de los niños si no van a esta clase y continuarán acudiendo a la biblioteca, a pesar del levantamiento de la medida», explicó, e indicó que «de ser cierto, tampoco podríamos permitirlo». En este sentido desde la consejería de educación afirman que «cada centro hará lo que deba hacer, pero faltar a estas clases es como faltar a cualquier otra asignatura», según Emilio Gutiérrez, «porque hablamos de la decisión de un tribunal y no de un capricho nuestro».
Asumir las consecuencias
Los padres afirman que «hemos objetado con todas las consecuencias y, en este momento esas consecuencias son un suspenso». Piden al Gobierno autonómico que «sea comprensivo con la situación, ya que es una cuestión ideológica» y, sobre todo exigen que «ya que el Partido Popular es contrario a esta asignatura, que nos apoyen un poco más de lo que lo están haciendo». Emilio Gutiérrez explicó que «los temas ya han sido recurridos y en Castilla y León los contenidos ya no son los mismos que en otras comunidades, algo que el propio Gobierno central ha recurrido».
Desde la propia plataforma aconsejan a todos sus miembros que se muestren comprensivos con la situación y afirman que el hecho de que los niños entren a clase a estas alturas, además de estar en contra de sus convicciones, sería muy perjudicial para los propios alumnos.