Dos varas para la memoria

Represión « reglamentada» en España y al margen de la ley en Argentina; silencio de los autores de los crímenes en España y arrepentimiento y juicio de mandos militares en Argentina son algunas de las diferencias, a las que se añaden el hecho de que la dictadura argentina duró menos tiempo que la española y en aquella, durante la transición, «los peores crímenes estaban muy recientes».

Hablando de reparación simbólica, Rodríguez apunta que «España todavía no tiene un monumento nacional dedicado a las víctimas» y su recuerdo se ciñe a iniciativas locales, caso del cementerio de Oviedo, donde en 2001 se pusieron dos placas con los nombres de 1.600 fusilados o la del cementerio de León, aún sin terminar. En Argentina, por el contrario, «hay muchos lugares conmemorativos importantes» como el Parque de la Memoria en Río de la Plata, el Olimpo y el Atlético en Buenos Aires, el Museo de la Memoria en Rosario y el Archivo Nacional de la Memoria abierto en la Escuela de Mecánica de la Armada, principal centro de detención, tortura y asesinato durante las juntas militares.

El historiador recuerda que durante la transición se decidió traer a España los restos de los últimos gobernantes muertos en el exilio, pero Alfonso XIII no fue enterrado en El Escorial hasta 1980, Niceto Alcalá Zamora fue enterrado en privado sin honores de jefe de Estado en 1977 y los restos de Manuel Azaña reposan aún en el cementerio francés de Mountabán.

Verdad oficial . La creación de comisiones de verdad, tanto en Argentina como en Chile, es otra de las diferencias con España, donde no ha habido una respuesta del Estado a la «verdad oficial» que reclaman las asociaciones de víctimas. La primera condena de la dictadura, señala Rodríguez, se produce en 1999, con la abstención del PP. Un año después se opuso a condenar el alzamiento militar del 18 de julio de 1936.

En 2006 el Consejo de Europa instó a España a «declarar el 18 de julio como día internacional contra el franquismo y a que el valle de los Caídos acogiera una exposición permanente sobre la represión», señala el historiador. Pero si bien la ley de Reparación de la Memoria Histórica de 2007 se ampara en esta resolución, lo cierto es que «el ruido y la controversia de su larga tramitación ha hecho que sea tildada de innecesaria y hasta de sectaria». Pero lo cierto, recuerda, es que «quedan muchas fosas por exhumar», se calcula que hay unas 30.000 personas en fosas comunes, y no ha habido arrepentimiento público. También la actitud de la Iglesia católica ha sido diferente: «En Argentina la Iglesia pidió perdón en el año 2000 por los silencios responsables y por la participación efectiva».

Rodríguez concluye que la polémica sobre la memoria y el olvido en España se debe a que «cuando el pasado se deja de lado antes de haberse esclarecido, discutido y asumido, acaba irrumpiendo más pronto o más tarde, en la vida política de los países, obligando a los gobiernos a afrontarlo, no siempre en condiciones propicias».