El PSOE exige al alcalde que se depuren responsabilidades por el fraude del agua
La oposición denuncia un «pacto de silencio» para que el caso no saliera a la luz.
El alcalde dió ayer explicaciones durante una rueda de prensa convocada para otro asunto.
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, Jorge Mateos, exigió ayer que se depuren responsabilidades políticas por el presunto alcance de fondos públicos por parte de dos funcionarias municipales, que están siendo investigadas por el Tribunal de Cuentas por un desvío de 25.336 euros desde el 2005 de los cobros del alta del agua.
Mateos considera que tanto el alcalde de la localidad, Juan Martínez Majo, como el secretario del Ayuntamiento «cometieron una negligencia grave, y una dejación de funciones, al no darse cuenta hasta el 2009 de este desfalco de dinero en las altas del agua que se venía produciendo desde el 2005».
El concejal socialista denuncia además la existencia de un pacto de silencio, establecido entre la anterior corporación municipal y la oposición para no sacar a la luz este tema. Mateos explica que hasta en dos plenos, los celebrados el 30 de septiembre y el pasado 28 de octubre, preguntaron al alcalde por su responsabilidad por la existencia de un alcance contable investigado por el Tribunal de Cuentas. «De entre las respuestas obtenidas, siempre evasivas y siempre negando cualquier tipo de responsabilidad política en este asunto, Martínez Majo nos advirtió de nuestra irresponsabilidad al hablar públicamente de este tema puesto que había un pacto de silencio sobre el asunto que había acordado con el tránsfuga socialista, Ignacio Alonso Pérez, actual portavoz del MASS, que también miró para otro lado en este asunto», comenta Mateos.
Sobre este asunto, Martínez Majo negó ayer la existencia de un pacto de silencio sobre este tema. «Desde el primer momento se comunicó el caso a la corporación municipal, al secretario del Ayuntamiento y a las propias afectadas, por lo que con tanta gente al tanto es imposible pretender mantener ningún pacto, ya que además lo saben todos los trabajadores, que son libres de hablar con quien quieran». Lo que sí reconoció el alcalde coyantino es un acto de responsabilidad, «algo que el no tiene ni conoce», en alusión al portavoz socialista.
«Nosotros fuímos los que descubrimos el caso y lo pusimos en manos de las autoridades competentes para que lo investigaran e informamos en las comisiones de Gobierno del transcurso de las investigaciones, así que ahora que no venga nadie a ponerse medallas», reclama el regidor y también procurador del PP en las Cortes de Castilla y León.
Los intereses de Coyanza, a salvo. Martínez Majo quiso dejar claro que «ante todo, los intereses del Ayuntamiento están a salvo», ya que recordó que el Tribunal Constitucional obligó a las dos trabajadoras a través de una providencia a avalar con su patrimonio la cantidad alcanzada. Las dos mujeres, una funcionaria y la otra interina, recurrieron esta decisión sin éxito, ya que el tribunal rechazó su recurso el pasado mes de marzo. Con esta medida se garantiza que el dinero vuelva a las arcas municipales lo antes posible, lo que constituye el principal objetivo del procedimeinto de responsabilidad contable a la que se enfrentan estas dos trabajadores.
Ante la demora del caso, desde que se detectara en el 2009, el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan ha pedido al Tribunal de Cuentas que acelere lo máximo posible el proceso abierto, para depurar responsabilidades. Mientras tanto, y aconsejado por el equipo de abogados que han contratado, el consistorio coyantino se ha personado como acusación particular.