brazuelo
Denuncian que sigue abierta la fábrica de ataúdes que un juez ordenó cerrar
El alcalde asegura que la empresa se precintó el 31 de diciembre a las 10.00 horas.
Rafael Nieto, el abogado del empresario agroalimentario que demandó al Ayuntamiento de Brazuelo, entre otras cosas, por no notificar a las empresas colindantes la instalación de una fábrica de ataúdes, actividad calificada como molesta y peligrosa, y el alcalde de la localidad, Manuel Fernández Pereira (PAL-UL), dan versiones opuestas sobre la ejecución de la sentencia firme dictada por el Juzgado de los Contencioso número 1 de León en el mes de junio que obligaba al cierre definitivo del local y al posterior derribo de la fábrica al reconocer la situación irregular de la actividad.
Mientras que Nieto asegura que «la empresa continuaba abierta ayer pese a que hace seis meses que se anularon las licencias municipales para este negocio», el regidor puntualizó que «la industria se precintó el día 31 de diciembre a las 10.00 horas en presencia de las fuerzas del orden público».
El litigio comenzó hace doce años con la denuncia de este empresario. Una demanda que fue recurrida por el dueño de la fábrica de ataúdes, consiguiendo que la Administración municipal fallara a su favor. De hecho, según recoge la sentencia, la Comisión Territorial de Urbanismo de la Junta no concedió a la fábrica el uso excepcional de suelo rústico, aunque aún así el Ayuntamiento autorizó su actividad. Incluso la fábrica llegó a ampliar sus instalaciones.
Sin embargo, según explicó Nieto, «ante el incumplimiento de la sentencia» el 29 de noviembre del 2012 y el pasado 3 de enero se volvió a reiterar al alcalde de Brazuelo la denuncia por tales hechos ilegales. Además el 7 y el 8 de noviembre se recordó al regidor y al secretario la demanda por la inejecución del fallo judicial. «Sin embargo siguen haciendo caso omiso a la decisión del juez», aseguró el abogado, quien achacó esta situación a la «dejación patente de los responsables municipales al permitir durante doce años la subsistencia de unas instalaciones molestas, peligrosas y potencialmente contaminantes».
No obstante, un juez concedió a finales del mes de noviembre un plazo de 20 días improrrogables al Ayuntamiento para acatar el fallo judicial y adoptar las medidas dictadas. «El plazo ha trascurrido sobradamente, sin que hasta la fecha el alcalde y el secretario municipal hayan adoptado ninguno de los requisitos», confirmó el abogado.
Al respecto, Fernández zanjó que la sentencia «se ha acatado y todo lo demás seguirá su curso según se nos vaya informando».
Finalmente Nieto persistió en que «debe demolerse lo ilegalmente construido» y aseguró que «no existen razones que justifique este retraso, a no ser el simple capricho, deseo o la propia arbitrariedad de las autoridades municipales en complicidad con el dueño de la fábrica».