Ramos Gordón no puede impartir los sacramentos en templos públicos

A. Domingo | Redacción

La pena impuesta al sacerdote José Manuel Ramos Gordón por el primer caso de pederastia conocido en Castilla y León no le permite oficiar misa ni administrar sacramentos en templos públicos, como parroquias, aunque sí en oratorios privados, como el de la residencia sacerdotal en la que reside desde el pasado verano, cuando, tras conocerse la resolución del proceso canónico abierto a instancias de la Congregación para la Doctrina de la Fe, se le apartó del oficio de párroco, se le ordenó realizar un retiro espiritual de un mes y dedicarse a cuidar sacerdotes mayores e impedidos, así como a realizar otras labores caritativas.

Reconocida la pena y aceptados los hechos por el presbítero, el denunciante y víctima de acoso, que sólo ha permitido a los medios identificarle como F.L., manifestó su disconformidad con ésta e indicó su certeza de que había celebrado la misa. ¿Podía el expárroco de Tábara celebrar la Eucaristía pese a todo lo desvelado? ¿Puede impartir los sacramentos pese a la comisión de unos hechos tan graves desde el punto de vista canónico, que motivaron el levantamiento de la prescripción canónica y que le hubieran podido acarrear penas de cárcel si el delito no hubiera prescrito en la legislación penal?

Ramos Gordón. JESÚS.

A través de su gabinete de prensa, la Diócesis de Astorga confirmó ayer que Ramos Gordón continúa siendo sacerdote y, como tal «tiene obligación de celebrar la misa todos los días», aunque, en su caso, «exclusivamente en la casa en la que reside», lo que se hace extensivo al resto de los sacramentos, aclaró la misma fuente.

En cuanto a la validez jurídica del proceso administrativo penal celebrado en la Diócesis, teniendo en cuenta la prescripción de unos hechos ocurridos, el obispado quiso dejar claro que en un caso como el conocido ahora la Congregación para la Doctrina de la Fe, que tiene competencia para actuar de esta manera, algo que resultaría impensable en instancias penales, pese a que el debate sobre la posibilidad de que los abusos y las agresiones sexuales está ya en ámbitos jurídicos.

La Congregación para la Doctrina de la Fe «examina los delitos cometidos contra la fe y también los delitos más graves cometidos contra la moral o en la celebración de los sacramentos, que le sean denunciados y, en caso necesario, procede a declarar o imponer sanciones canónicas a tenor del derecho, tanto común como propio», apunta la constitución apostólica Pastor Bonus, en lo que se refiere al ámbito jurídico que le compete y el abuso sexual se encuentra entre esos delitos, según recoge el Código de Derecho Canónico —la ley que rige en la Iglesia latina en cuanto a organización jerarquía, sacramentos y otros aspectos— «el clérigo que cometa de otro modo un delito contra el sexto mandamiento del Decálogo, cuando este delito haya sido cometido con violencia o amenazas, o públicamente o con un menor que no haya cumplido dieciséis años de edad, debe ser castigado con penas justas, sin excluir la expulsión del estado clerical cuando el caso lo requiera».

El abuso sexual se sitúa en el mismo título que se refiere a la posibilidad de que un sacerdote o religioso que contraiga matrimonio, aunque éste sea civil, el clérigo que concubinario y que con escándalo permanece en otro pecado externo contra el sexto mandamiento —recuérdese que este precepto del decálogo se refiere a la comisión de actos impuros—.

El Código de Derecho Canónico contempla además el resarcimiento de los daños causados por el delito, que bien se puede juzgar junto durante el proceso penal o posteriormente a éste, si el juez considerase que pudieran causar una dilación en el proceso. En el caso de Ramos Gordón se desconoce si la cuestión está zanjada, pese a que el perjudicado manifestó esta semana su intención de reclamar los daños.