Condenan a los líderes de Coag en León por meter una vaca en la Junta

La sentencia, fechada el pasado 28 de junio, obliga también a los denunciados «a indemnizar a la Junta de Castilla y León en la cantidad de 1.832 euros, cantidad en que ha sido tasada parcialmente en el curso de la investigación preliminar, la reparación de las puertas (del edificio de la Junta en León) dañadas». Además, Juan Antonio Rodríguez y Óscar Herrero indemnizarán a los miembros de la policía nacional Esther Montiel Pérez y Carlos Suárez Redondo con 277,44 y 670,48 euros respectivamente «por las lesiones infligidas». En total, los dos líderes provinciales de Coag deberán pagar 3.589 euros. El texto del juez Lorenzo Álvarez de Toledo considera probado que «los denunciados, tras presentar en el registro del edificio de la Junta de Castilla y León, y al serles negada una entrevista personal con el delegado de la Junta (Luis Aznar), se dirigieron a la multitud de ganaderos congregados para exacerbar su ánimo e inducirles a acceder al interior del edificio venciendo cualquier resistencia que se les opusiese». La perturbación de reunión, según el fallo del juzgado leonés, «se inicia en el momento preciso en que los denunciados, valiéndose del megáfono, pronuncian, antes de recibir la orden de no entrar del inspector de policía las palabras: Hay que entrar, tenemos que entrar». La sentencia señala que «los agentes de la Policía Nacional Esther Montiel y Carlos suárez resultaron lesionados al tratar de impedir que los manifestantes ganaderos, en número aproximado de cien, entrasen en las dependencias de la Junta». Estado de inseguridad Los manifestantes finalmente lograron entrar en el vestíbulo, acompañados de una vaca preñada, llamada «Margarita». «Durante su permanencia en el vestíbulo del edificio, el acceso y salida de los ciudadanos resultó físicamente dificultado por la presencia de los ganaderos y de la vaca adulta [...] produciéndose un estado de inseguridad en algunos ciudadanos», continúa la sentencia. Así, el juez estima que los hechos son constitutivos de dos infracciones penales. En primer lugar, una falta de alteración del orden público, recogida en el artículo 633 del Código Penal, por la que se impone a Juan Antonio Rodríguez la pena de arresto de cuatro fines de semana y una multa de veinte días, con una cuota diaria de seis euros diarios, y a Óscar Herrero, «en atención a su menor culpabilidad, en cuanto intentó atemperar los ánimos de los manifestantes» las penas de arresto de tres fines de semana y una multa de quince días, con una cuota diaria de seis euros. En segundo término, los acusados serán sancionados por sendas faltas de desobediencia leve a los agentes de la autoridad, recogida en el artículo 634 del Código Penal. Por esta falta, deberán pagar una multa de cincuenta días, con la misma cuota de 6 euros diarios. Recurso El secretario general de Coag en León, Óscar Herrero, confirmó ayer a este periódico que se ha presentado un recurso contra el fallo judicial en la Audiencia Provincial.