La Junta facilita inversiones de energías limpias en bienes de las entidades locales
Se busca hacer compatible rendimiento económico y las necesidades sociales
La Junta de Castilla y León abre la puerta a proyectos de inversión internacionales y nacionales en energías limpias en los bienes comunales de las entidades locales de la Comunidad, pero con unos límites para hacer compatible la actividad económica con el carácter medioambiental de estos aprovechamientos.
Así lo recoge el anteproyecto de ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas que acompaña a los presupuestos para 2024, que modifica la ley de Régimen Local de Castilla y León con una nueva disposición adicional en la que se concreta el régimen jurídico del acotamiento de los bienes comunales de las entidades locales. Se trata de hacer compatible el rendimiento económico y las necesidades sociales y medioambientales con su explotación.
La Comunidad facilitará así un nuevo aprovechamiento comunal a través de proyectos de inversión, tanto internacionales como nacionales, en nuevas tecnologías medioambientales que permitan reforzar el liderazgo de Castilla y León en energías limpias.
Esta nueva regulación, como recoge el texto, señala que parte de los bienes comunales de las entidades locales podrá ser acotada, además de para fines específicos de enseñanza, recreo escolar, caza o auxilio de los vecinos, para otros proyectos de inversión de carácter medioambiental, pero con unos límites como el respeto de la naturaleza y las normas de aprovechamiento.
Así, explica que el acotamiento mantendrá, en su totalidad, la naturaleza jurídica de bien comunal. Además, establece límites en el acotamiento que no se podrá realizar donde ya exista una planificación o inversión pública o privada con fondos públicos.
Igualmente, se introducen cambios en tres artículos de la ley de Ordenación del Territorio para una simplificación administrativa y agilizar los tiempos de tramitación, de manera que los planes y proyectos regionales, análogos a los instrumentos de planeamiento urbanístico, no se tengan que someter a decretos. «Reducirá de modo significativo los tiempos de tramitación en beneficio de los procesos de inversión empresarial generadores de empleo en nuestra Comunidad», expone.