Comienza en el Alto Porma una concentración que afecta a casi 4.000 propietarios

Ya han comenzado las primeras obras para la ejecución de la concentración parcelaria de la zona regable de la Ribera Alta del Porma que afecta a los municipios de Santa Colomba de Curueño, Vegas del Condado, Valdefresno y Villaturiel, según conformó ayer mismo la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León. El objetivo final del proyecto es llevar a cabo la modernización de la zona con la sustitución del sistema de riego por gravedad a través de acequias, por riego a través de tuberías con agua a presión.

Para la ejecución de estos trabajos llevados a cabo por Tragsa, se cuenta con un presupuesto que supera los 51 millones de euros.

La solicitud para llevar a cabo estas obras por parte de los cuatro ayuntamientos implicados se cursó en 2017, pero no fue hasta el 2022 cuando la Junta de Castilla y León declaró el proyecto de Utilidad Pública y le dio carácter de urgencia, lo que dio un impulso definitivo a su tramitación.

Según datos aportados por la Comunidad de Regantes de Ribera Alta del Porma, la zona afectaría a un total de 3.954 propietarios, 7.826 parcelas y una superficie de 4.686 hectáreas. La superficie media de las parcelas incluidas en la concentración es de 0,60 hectáreas, y el número de parcelas incluidas por propietario es de 1,98 lo que supone una superficie media incluida por propietario de 1,18 hectáreas.

En la zona regable predominan las parcelas dedicadas al cultivo de maíz y otros cereales, junto con alfalfa, remolacha y girasol, todos ellos de regadío. Respecto a la ganadería destaca especialmente el censo avícola, con 117.000 cabezas de pollos en integración, junto con el ovino, 17.000 cabezas, y el bovino, 9.348 cabezas, y en menor medida los de caprino, equino, porcino y cunícola. Además, hay que destacar que el grado de mecanización de la zona es alto, con cifras de 857 tractores, 28 cosechadoras y un número significativo de maquinaria automotriz y arrastrada, con un total de 415, así como de remolques, con 512.

Según la memoria del proyecto, las obras de modernización consisten en la toma de agua en el Canal de Arriola con derivación a una balsa de regulación (250.000 m3). El agua pasa de la balsa a la estación de bombeo donde se le suministra una presión que hace que en los hidrantes de toma de las fincas podamos disponer de una presión de 5 kg/cm2 y un caudal de 40 l/s.

Desde la estación de bombeo hasta los hidrantes existirá una red de tuberías con una longitud estimada de 203 km. El trazado de la red discurrirá paralelo al trazado de los caminos y situado en la cabecera de las nuevas fincas de reemplazo. Los caminos de ejecución prevista afectarán a once kilómetros de sendas y a 96 de caminos existentes sin modificación de trazado. Respecto a los desagües, se contemplan labores de limpieza y, en algunos casos, ampliación de los ya existentes, así como nuevos trazados, en 276 kilómetros. Así mismo, para el correcto uso y conservación de la red de infraestructuras diseñada se incluye la instalación de pasos, caños y salvacunetas, principalmente.

Beneficios

La consejería señala que los procesos de concentración parcelaria «implican una serie de beneficios económicos, sociales y medioambientales en los territorios afectados», entre los que destacan una contribución a la generación de actividad económica y al relevo generacional en el medio rural, «mejorando la rentabilidad de las explotaciones mediante un aprovechamiento más eficiente de los medios de producción, e incrementando el número de incorporaciones de jóvenes en zonas concentradas en un 40% respecto a zonas no concentradas». Las concentraciones parcelarias también contribuyen a la mejora de la competitividad de las explotaciones agrarias «con una disminución de un 44% en las distancias recorridas entre la situación previa y posterior a la concentración y un ahorro de combustible, debido a la reducción de distancias, de un 26% en secano y de un 32% en regadío». Además, «contribuyen a la sostenibilidad ambiental de la actividad agraria, favoreciendo la integración ambiental del territorio y la preservación de los paisajes, reduciendo un 25% las emisiones de CO2 en la superficie de secano y un 31% las emisiones de CO2 en la superficie de regadío gracias a la optimización en el uso de la maquinaria y equipos».