Aprobada la Ley de Montes de Socios que en León afecta a más de 40.000 hectáreas
Oencia, con 69 propietarios, o Caboalles de Arriba, con 140, gestionan sus terrenos forestales con esta figura de multipropiedad
En Castropetre se creó la primera junta gestora para un Monte de Socios de la provincia. DL
Los llamados Montes de Socios, cuentan desde esta semana con seguridad jurídica. El Pleno del Senado ha aprobado la toma en consideración de la Proposición de Ley Montes de Socios, propuesta por el Grupo Parlamentario Popular, que pretende regularizar más de dos millones de hectáreas de propiedades forestales colectivas en España, un total de 32.115 en la provincia de León.
Los Montes de Socios son terrenos forestales de régimen privado, pero de carácter colectivo, ya que su propiedad pertenece simultáneamente a muchas personas. Según explica la Asociación Montes de Socios, dada la imposibilidad de gestionar estas multipropiedades la Ley de Montes estableció la figura de la junta gestora para convertirse en el órgano de gobierno y representación de la comunidad titular de un monte de socios.
En la provincia de León la primera junta gestora constituida para un monte de socios se creó en 2012 en Castropetre, en Oencia. Se trata del llamado El monte Herrería de Oencia, de 500 hectáreas de terreno pobladas de robles y castaños centenarios, así como de retama y brezo, y que pertenece a 69 propietarios.
También hay un monte de socios en Caboalles de Arriba. Un total de 140 propietarios que suman 253 hectáreas de montes en Laciana se unieron en octubre de 2018 en dos juntas gestoras para poner en valor sus tierras. La primera de ellas, la denominada Puerto de Reciello, gestiona un total de 74 hectáreas de montes, pertenecientes a 70 propietarios. La segunda, la del Puerto de la Vega del Palo, implica a otros 70 titulares, que suman 179 hectáreas.
Los montes de socios son por tanto estructuras comunitarias o comunales ya que detrás de cada uno de ellos subyace una comunidad, esto es, un conjunto de personas, por lo general varios centenares, a veces algunos de ellos desconocidos, que comparten en régimen de pro indivisión una propiedad, que es el monte.
En estos los montes, no existe una división del bien, ya que todo es de todos, de modo que nadie sabe dónde empieza o termina lo de cada uno.
Es por ello que a sus titulares no se les denomina propietarios, ni dueños. Son «copropietarios» o «condueños», es decir, la capacidad de uso del bien viene condicionada a lo que consensúen con los demás.
La propuesta llevada esta semana al Senado aspira a resolver la «orfandad jurídica incompatible con los objetivos más básicos de desarrollo económico, de impulso demográfico y de conservación ambiental» de este tipo de terrenos, cuyo origen hay que buscarlo en las desamortizaciones de mediados del siglo XIX, particularmente en la impulsada en 1855 por el entonces ministro de Hacienda Pascual Madoz, del Partido Progresista.
La desamortización de Madoz supuso la enajenación forzosa, en pública subasta, de todos los bienes municipales, sobre todo de los montes, y con ello una expropiación en la práctica de una parte fundamental del medio de vida de muchos miles de familias rurales, según la exposición de la Proposición de Ley.
Por ello, muchos habitantes de las zonas rurales optaron por asociarse con sus vecinos y, aportando el dinero que podían reunir, comisionar a un pequeño grupo encargado de acudir a Madrid el día de la subasta para poder comprar y mantener los montes que hasta entonces habían sido suyos.
«Los dueños actuales son los descendientes de los primeros adquirentes, personas que en su mayoría viven desvinculadas del mundo rural y que en su gran mayoría incluso desconocen que son dueños de una cuota del monte de sus antepasados», de acuerdo con esta iniciativa parlamentaria.
Eso implica un problema jurídico, ya que el legislador civil español no concibe que existan copropiedades en las que la mayor parte de los condueños sean desconocidos, por el consiguiente abandono de los bosques y los riesgos de explotación furtiva, incendios u otros.
La Proposición de Ley busca regular la figura jurídica, compatibilizar los intereses públicos y privados y dinamizar los montes de socios como una forma de creación de riqueza, de explotación racional y de conservación ecológica de un patrimonio natural comunitario.
Hernando García considera por ello que se está «ante una ley básicamente buena y, sobre todo, útil en la medida que genera oportunidades para territorios que de verdad lo necesitan» al fomentar «un ecosistema económico y social que gira en torno a los montes de propiedad colectiva, de manera que sean fuente de riqueza y que los recursos que generen de aprovechamiento sirvan al territorio».
El grupo parlamentario socialista ha sido el único que no ha apoyado la norma, justificando su abstención en que la propuesta no recogía aspectos que la formación considera «imprescindibles», como el no reflejar las funciones concretas de los cargos de las juntas gestora
Origen
La recuperación de los montes de socios es una eficaz medida de lucha contra la despoblación que además proporciona múltiples retornos. Sus beneficios ambientales, son muchos, ya un monte bien gestionado fija más CO2 que uno abandonado, produce más oxígeno, controla mejor la erosión, regula mejor los cursos de agua y, sobre todo, tiene un menor riesgo de sufrir un incendio o de ser afectado por plagas.
Por lo que se refiere a los beneficios económicos, los bosques producen una infinidad de recursos naturales renovables (madera, leñas, pastos, caza, micología…) que son necesarios y que, debidamente aprovechados, pueden convertirse en motor económico de las zonas rurales.
Por último, los montes de socios reportan numerosos beneficios sociales, debido a que el aprovechamiento de los bosques es fuente de empleo y es una eficaz medida de lucha contra la despoblación. Las juntas gestoras contribuyen al acercamiento de la gente que tuvo que emigrar con los pueblos de donde provienen.