¿Quién es el responsable?

La investigación de las ayudas de la Junta a las minas está sirviendo para destapar no se sabe bien si una irresponsabilidad o una ineptitud política o técnica de los gobiernos central y autonómico. Toda la minería conoce que la UE mira con lupa un sector que se quiere cargar cuanto antes. Parece justificable pedir responsabilidades a quienes sabiendo que esto ocurre no se han preocupado lo suficiente de no dar argumentos a Bruselas. A los primeros, a los responsables de la Consejería de Industria y de la Dirección General de Asuntos Europeos de la de Presidencia. Se presupone que tienen los mejores gabinetes jurídico-técnicos para elaborar normas de acuerdo a cualquier legalidad vigente. Es entendible no obstante que en la Junta no estén «tan puestos» como en la Administración del Estado en este caso; y también que la Consejería de Industria actuó de buena fe, aunque mal: salga como salga todo, permitió que se generaran dudas. Pero Madrid debe también constituir un filtro y no ser un mero transmisor del correo a Bruselas: queda demostrado con las objeciones puestas a las ayudas para este año, que en los tres anteriores ni miraron la documentación. Por eso tampoco se entiende que el Ministerio se lave ahora las manos y traslade todo el problema a Valladolid, cuando es el primer responsable en velar por el cumplimiento de las normas en todo el Estado español. Y por que la UE no reconoce otra autoridad que la del Gobierno central. Advirtió a la Junta durante tres años, pero no actuó, lo que es una dejación de funciones inaceptable. Ambas administraciones tienen la obligación de utilizar todos sus resortes jurídicos, técnicos y políticos para solventar un problema que han generado. Tienen, de momento, el respaldo de la patronal y los sindicatos. Unos agentes de los que, por otro lado y sabiendo que Madrid ponía en tela de juicio las ayudas, no exigieron aclaraciones y soluciones a un problema antes de que ocurriera: al final los más perjudicados van a ser ellos si hay que devolver las subvenciones. El rumbo que lleva el asunto va a deparar nuevas sorpresas. Corre el rumor de que un empresario asturiano es quien denunció las ayudas de Castilla y León ante la UE. Y que alguno leonés está dispuesto a llegar a los tribunales si le quitan las ayudas; pero contra la Junta y el Estado. Argumentan que cumplieron los requisitos que se les pedían: quien no lo hizo, que pague dicen. Veremos.