Los otros khashoggi

Han pasado cuatro semanas desde la desaparición del periodista saudí Jamal Khashoggi después de su ingreso al consulado del país árabe en Estambul el 2 de octubre. El colaborador de The Washington Post , exiliado en Estados Unidos en 2017 por temor a ser detenido después de haber criticado algunas decisiones del príncipe heredero Mohamed bin Salmán y la intervención militar en Yemen, falleció en el interior de la legación diplomática, según han admitido las autoridades saudíes tras cambiar tres veces su versión inicial y ante las abrumadoras pruebas difundidas por la prensa turca.

El escabroso asesinato de Khashoggi, probablemente torturado antes de decapitado por un comando enviado ex profeso desde Riad, por el que han sido detenidas 18 personas y cesado el número dos de lo servicios de inteligencia, fue un «asesinato político», según confirmó el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Una intencionalidad para acallar a periodistas críticos con el poder que también subyace en las muertes de varios informadores en los últimos meses en Malta, India, Eslovaquia o República Centroafricana. Son los otros Khashoggi y sus asesinatos han sido documentados y denunciados por Reporteros sin Fronteras.

La ONG asegura que pocas veces se logra establecer una conexión clara entre un gobierno y un crimen, porque hay mucho «intermediario». «Desde los servicios secretos hasta la policía o los fanáticos; el brazo ejecutor y el instigador suelen ser gente diferente», comentan. El dato de la impunidad es elocuente: nueve de cada diez crímenes contra periodistas se quedan sin resolver, según la Unesco.

Una potente bomba-lapa adosada en los bajos de su vehículo de alquiler silenció hace ahora un año la voz de Daphne Caruana Galizia. La periodista maltesa de 53 años, la firma más destacada en la isla mediterránea sobre asuntos de corrupción, fue asesinada a través de un artefacto remoto que se activó desde un yate que estaba en el mar. Madre de tres hijos y autora de un blog de investigación, el Peugeot 108 que conducía saltó por los aires tras salir de su casa en la localidad de Bidnija.

Dos semanas antes de su asesinato, Caruana había denunciado ante la Policía amenazas de muerte y seguimientos. Estaba inmersa en unas pesquisas relacionadas con el tráfico clandestino de gasóleo procedente de Libia y el uso de buques petroleros fondeados cerca de aguas maltesas para hacer el trasvase de carburante. Un caso que sigue la Fiscalía italiana de Calabria y que supuso la detención de un exjugador de la selección maltesa, entre otros.

De forma previa, la periodista había liderado las informaciones sobre los vínculos malteses en los llamados ‘papeles de Panamá’, el uso de un despacho de abogados de ese país como epicentro de una evasión fiscal mundial. Aparecieron señalados el ministro de Energía, el jefe de gabinete del primer ministro laborista Joseph Muscat e incluso la esposa de éste. Esto provocó una grave crisis en el ejecutivo y la convocatoria anticipada de elecciones. Era junio de 2017, y la lista de Muscat revalidó la victoria pese al escándalo en el país más pequeño de la UE con 450.000 habitantes.

En diciembre pasado, con la ayuda del FBI y la Policía holandesa, fueron detenidos diez malteses relacionados con el crimen. Siete quedaron en libertad provisional y tres entraron en prisión preventiva: los hermanos Alfred y George Degiorgio y Vince Muscat, todos ellos con antecedentes delictivos. Se les acusa del asesinato de la periodista y de la posesión de explosivos y armas. Una investigación independiente ha vinculado a uno de los encarcelados con el ministro de Economía maltés, aunque se sigue buscando al autor intelectual del crimen de Caruana.

El extremismo mató a Lankesh

Lo último que escuchó Gauri Lankesh antes de ser tiroteada a quemarropa fue el timbre de la puerta de su casa en Bangalore, al sur de la India. Tras abrir, la editora del semanario regional Lankesh Patrike recibió tres tiros en el pecho la noche del 5 de septiembre de 2017. Su asesinato causó una gran conmoción social, dado que su semanario se había convertido en una oposición de facto del movimiento hinduista extremista y del partido nacionalista del primer ministro, Narendra Modi.

Pese a la presencia de cámaras en la escena del crimen, la policía tardó seis meses en cercar al presunto autor intelectual, Naveen Kumar, fundador de un grupo de extrema derecha llamado Hindu Yuva Sena. Detenido por la policía de Bangalore el 18 de febrero por posesión ilegal de balas, ahora se cree que Kumar formó un escuadrón de asalto con otras cuatro personas.

Antes de su asesinato, Lankesh había sido objeto de demandas por difamación por parte dos miembros del Partido Bharatiya Janata (BJP) del primer ministro hindú. El BJP es la mayor organización en la Sangh Parivar, la «familia de organizaciones» que predica el movimiento hinduista extremista. La administración Modi ha intentado durante varios años desterrar todo discurso «antinacionalista» de la prensa india, y como resultado, ahora hay una gran autocensura.

Unos 70.000 euros calcula la policía que valió la vida de Jan Kuciak, el periodista de investigación eslovaco asesinado junto a su novia Martina Kusnirova, cuando se encontraban en su casa de la localidad de Velka Maca, a 50 kilómetros de Bratislava. Conocido por sus informaciones en el diario digital Aktuality.sk , el joven de 27 años y su pareja fueron tiroteados en el pecho y en la cabeza, respectivamente, el pasado 21 de febrero. Kuciak estaba realizando un trabajo de investigación sobre los oscuros negocios del empresario local Marian Kocner. En concreto, sobre la compraventa de terrenos en Bratislava para construir una urbanización de lujo, y en la que también estaría implicado el constructor Ladislav Basternak. También investigaba los vínculos de la mafia calabresa de la Ndrangheta y políticos eslovacos, que llegaban hasta dos asesores del entonces primer ministro Robert Fico. Su asesinato y el de su novia desató manifestaciones sin precedentes en el país desde 1989 y provocó la dimisión del presidente y de su ministro del Interior.

Hace tres semanas se produjeron varias detenciones relacionadas con los asesinatos. Se trata de una mujer eslovaca de 44 años que trabajaba como intérprete del empresario Kocner, de nombre Alena, quien habría ordenado el crimen, y tres individuos también eslovacos acusados de ejecutar a la pareja y de portar ilegalmente armas de fuego, según confirmó el fiscal

Orkhan Dzhemal, conocido reportero de guerra independiente, el documentalista Alexander Rastorguyev y el cámara Kirill Radchenko fueron asesinados por hombres armados no identificados la noche del 29 de julio pasado cerca de Sibut, una ciudad a 300 kilómetros al norte de la capital centroafricana, Bangui. El ministro de Comunicación y portavoz del Gobierno, Ange Maxime Kazagui, identificó horas después del triple crimen a nueve «secuestradores con turbante», que no hablaban «ni francés ni sango» (el idioma nacional), como los autores de los disparos contra los periodistas rusos tras interceptar su vehículo en la carretera. El conductor dio detalles del tiroteo después de lograr escapar del lugar de los hechos. El equipo había llegado a la República Centroafricana para investigar el papel de los mercenarios que trabajan para Wagner, una compañía privada de seguridad rusa que también es conocida por sus actividades en Siria. El Centro de Control de Investigaciones (TsUR), una publicación digital de investigación propiedad de Mikhail Jodorkovsky, el exmagnate ruso que estuvo diez años encarcelado por evasión fiscal y blanqueo de capitales y que ahora reside en Suiza tras el indulto del presidente Putin, financió este trabajo con la finalidad de conocer la influencia de Rusia en el país.