Divorciados y ninguneados

|||| La Ley de Divorcio en vigor «permite obviar los derechos y deberes paternos y saquear el pecunio de decenas de padres», coinciden los abogados consultados. A fin de combatir, paliar o acaso disimular el probado machismo dominante, «la mayoría de las sentencias de divorcio, y casi siempre sin realizar diligencias indagatorias, confirman u otorgan la custodia de los hijos a las madres», aparte de que el ex marido deba pagar una pensión y de que, paradójicamente, ella goce de libertad para tomar decisiones que marcarán los valores, la educación e incluso el futuro personal y profesional de los menores. Febrero de 1994. El matrimonio lucense formado por Fernando G.?S. y Lorenza V.?I. comunica al juzgado la separación previa al divorcio debido a que ella ha establecido otra relación afectiva. Y él, aconsejado por su abogado, no sólo ha renunciado a revelar esa circunstancia sino que además acepta la vía del pacto «porque si tu mujer quiere, además de quitarte los hijos, te ridiculiza y te arruína -le indicó el letrado-, salvo que te gastes una pequeña fortuna en detectives y logres probar sin la menor sombra de duda la infidelidad». Lorenza y Fernando, que ahora residen en Lugo y A Coruña, respectivamente, y tienen casi 50 años de edad, son padres de un chico y una chica. En 1994, una vez declarada la separación, pasaron los meses y la niña, que entonces tenía doce años, fue sancionada en el colegio por fumar hachís. Y el hermano, que tenía dieciséis años, se ausentaba de casa casi todos los fines de semana sin dar explicaciones. El padre, Fernando, informó de estos y otros avatares a su abogado y éste, al juzgado. Casi dos años después de ser comunicada la separación y ya solicitado el divorcio, la hija fue llamada a declarar por el juez y manifestó que deseaba vivir con su padre. Sin embargo, la sentencia determinó que la custodia era de la madre, pese a que con ello tampoco se preservaba la convivencia entre los dos hermanos porque el de mayor edad -tal como constaba en el juzgado- ya no residía en el domicilio materno por razón de estudios. Lo más llamativo del episodio es que la insistencia de la hija provocó que, incluso antes de que el juzgado emitiera sentencia, la madre autorizase por escrito que la niña se mudara a casa del padre, cambiando de localidad y de colegio. Razón por la que luego Fernando recurrió la decisión judicial. Pero «el juzgado pasó de adecuar la sentencia a la realidad», todavía se lamenta el padre. Los detalles del caso En 1997, ya fallado el divorcio, «la situación era totalmente absurda», recuerda Fernando. Él costeaba los gastos derivados de que su hijo residiera en Santiago -en cuya universidad se había matriculado-, mantenía a la hija -que ya vivía con él- y estaba obligado a abonar a su ex esposa 41.000 pesetas mensuales (valor de 1996), incrementadas en un 50% cuando la hija pasaba el mes de vacaciones en el domicilio materno -en el que ya residía la nueva pareja de la divorciada-, amén de que también era Fernando quien costeaba todos los desplazamientos y, por ende, entregaba unos miles de pesetas a su hijo cuando éste pasaba unos días en casa de la madre o disfrutaba con ella de las vacaciones. ¿Había sido informado el juzgado de esas circunstancias?: «Sí». ¿Cuál fue su respuesta?: «El silencio. Pero lo más descorazonador -matiza el letrado Manuel M.?S.- es que la Ley de Divorcio permite obviar los argumentos y los hechos alegados, ni siquiera obliga a comprobarlos». ¿Y los juzgados de Familia?: «Son escasos -subrayan los abogados consultados-, tan escasos que su operatividad e influencia son muy limitadas». No obstante, las mismas fuentes añaden que, «sean juzgados de Familia o de Primera Instancia, todos acusan escasez de medios y carencias de personal». En román paladino, el presupuesto de Justicia es manifiestamente insuficiente. El caso de Lorenza y Fernando no es el más común. Todos los consultados -incluidos profesionales de la banca, pues los embargos derivados de divorcios son legión- subrayan que en al menos siete de cada diez separaciones el cónyuge más desamparado, sobre todo en lo económico, es la esposa. En todo caso, «esta circunstancia no justifica que numerosos padres, además de los hijos, sean moral y económicamente perjudicados. El objeto de la ley es hacer justicia para justiciables concretos, por lo que no es justificable seguir fotocopiando sentencias que en demasiados casos prescinden de circunstancias y de hechos concretos», enfatizan los abogados.