2008: Por un León fiel a su arquitectura típica

Si consideramos que las casas reflejan el carácter y la sensibilidad de las gentes que viven en ellas, habremos de concluir que quienes visitan nuestra tierra leonesa van a llevarse, en muchos casos, una muy pobre impresión de nuestro civismo y amor por lo propio. Y no les faltarán motivos: bloques de pisos encajados en medio de pueblos; casas de techo de paja totalmente hundidas; cubiertas a base de fibrocemento; empleo de materiales que nada tienen que ver con los del entorno; chalets de la más pintoresca y estrafalaria factura que originan un terrible impacto visual; abandono de las técnicas y usos seculares; pérdida de armonía constructiva; destrucción no sólo de viviendas tradicionales, también de árboles y toda suerte de espacios verdes humanizados como sebes, huertas, sendas, prados, muretes, murias, que enriquecen los alrededores de nuestros pueblos (y ciudades), etc. La lista sería interminable. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué León, que es, a decir de los expertos, un verdadero museo al aire libre de la arquitectura europea, con ejemplos de casi todas las épocas, desde la antiquísima palloza a la casa noble maragata pasando por una gran variedad de eslabones intermedios, tiene en tan poca estima lo suyo? ¿Por qué no le damos ningún valor, es más, por qué no sabemos ver el valor que esa riqueza patrimonial nos puede reportar, desde muy diversos puntos de vista, además? ¿Por qué sólo pensamos en destruir lo tradicional, que supone destruir nuestra propia identidad? ¿Por qué al viajar por nuestras comarcas a veces hay que apartar la vista de los pueblos, pese a que muchas veces están rodeados del más fantástico paisaje montañés o riberiego? Para dar respuesta cumplida a estas cuestiones (que inquietan, y cada vez más, a la ciudadanía leonesa), recurriremos a verdaderos especialistas en el terreno, como son los profesionales de Rodríguez Valbuena Arquitectos, quienes han diseñado un completo informe sobre el feísmo en la provincia de León. También se han recabado los consejos del etnógrafo e investigador Javier Callado, buen conocedor de la historia de la arquitectura popular leonesa, y del técnico en Urbanismo Jonatan Rodríguez Bayo. Ellos pueden arrojar luz sobre el paulatino deterioro del perfil tradicional de nuestros pueblos y sobre la irremisible pérdida cultural que tal proceder lleva consigo. Esa destrucción (o construcción inapropiada) es tanto o más flagrante si tenemos en cuenta los grandes esfuerzos que otros países y territorios han hecho o están haciendo para combatir el feísmo, siempre con resultados positivos: las deliciosas pequeñas poblaciones de Alemania, Francia, y prácticamente toda Europa Occidental, las villas de Cantabria y el norte pirenaico de Navarra y Aragón, diversos enclaves de Galicia y Asturias, la Cataluña rural... son ejemplos de civismo, de adecuada convivencia entre el pasado y el presente, de homenaje a la tradición sin renunciar, claro está, al confort de los hogares modernos. Pero no sólo ellos, también incluso en Castilla crece la demanda de lo autóctono, de pueblos que respeten el entorno y la historia, cada uno el suyo, y así los ladrillos en espiga o el neomudejarismo van captando cada vez más adeptos. Parece que, al revés que en todas estas regiones, sólo León queda descolgado e ignorante del beneficio que produce no agarrarse a la solución más fácil. Parece razonable pensar que debe haber un control, una legislación que regule lo que se puede y lo que no se puede hacer, y una penalización de las infracciones. ¿Todos los ayuntamientos, por pequeños que sean, han de disponer de normas urbanísticas? La respuesta es: todos sin excepción. En la comunidad «se distinguen los Planes Generales de Ordenación Urbana y las Normas Urbanísticas Municipales -precisan los arquitectos de Rodríguez Valbuena-, siendo obligatoria la redacción de los primeros en municipios de más de 20.000 habitantes. En nuestra provincia sólo tres poblaciones superan esa cifra, León, Ponferrada y San Andrés del Rabanedo, por lo que nos encontramos con un territorio en el que predominan las pequeñas poblaciones». Y así, «es esa normativa básica, las Normas Urbanísticas Municipales (NUM), la encargada de establecer una tenue ordenación del suelo, llamada ordenación por oficio, con unas directrices muy básicas, perfectamente asumibles por cualquier consistorio por pequeño que sea», añade Jonatan Rodríguez Bayo. Pero, ¿por qué esa diferencia tan grande con los pueblos europeos, con ese primoroso cuidado con el que está tratado allí cada detalle, cada rincón, cada ventana, cada chimenea, con todas esas flores en los alféizares? Javier Callado propone lo siguiente: «Nada ordenado es espontáneo. Los lugares preciosistas son producto de la acción del hombre. Existe por tanto una vertiente formativa sobre el colectivo, que le lleva a valorar lo tradicional, y otra normativa, que establece unas reglas del juego. Aquí está todo por hacer, ya que existen demasiados complejos. No hay más que ver la oposición que suscita en algunos sectores la enseñanza de la cultura tradicional aun cuando esto se plantea como una simple opción». Rodríguez Bayo mantiene una interesante teoría: «En mi opinión, este comportamiento pudo haber surgido por dos causas, no muy distantes en el tiempo: una, la rápida y brutal forma con que la revolución industrial se introdujo en Europa, y que fue la causante de hondas heridas en las ciudades con derribos de murallas, desaparición de calles, hacinamiento y enfermedades terribles. A ello se une el desarrollo y fin de la II Guerra Mundial, periodo en el que Europa se enfrentó a la reconstrucción de las grandes urbes, donde se cebaron principalmente los bombardeos. Eso debió originar un ideario común sobre las condiciones de vida en los pueblos. Por un lado, alejados de las grandes enfermedades de las ciudades mas industrializadas, los colocó como lugares sanos donde residir, y por otro, el menor impacto ocasionado en ellos durante la guerra los convertía en refugios seguros, adquiriéndose así una gran conciencia colectiva sobre el conservacionismo de los modos de vida rurales que tanto beneficios demostraban». Son producto, pues, tanto de una leyes muy precisas como del civismo y preocupación de sus propios habitantes. Teniendo en cuenta que también aquí existe una reglamentación, unas leyes que se ocupan del tema, ¿Cómo es posible que en mitad de nuestros núcleos rurales se construyan de repente casas de pisos, o inmuebles cuyos materiales no tienen nada que ver con los del entorno? ¿No se imponen multas, cómo se penalizan las infracciones? Callado sostiene que esas aberraciones son posibles «porque lo tradicional se asimila entre nuestros mayores como algo mísero. La pasividad de las instituciones académicas sobre estas cuestiones ha venido además a restar el prestigio debido a nuestra especificidad cultural arquitectónica. De hecho, los mayores especialistas en arquitectura tradicional están fuera de la universidad. Por otra parte, no se puede pedir a los alcaldes de los pueblos, que son uno más entre los habitantes, que se comprometan con algo en lo que en muchos casos no creen. Además, las multas no pueden ser el recurso principal. Se necesitan medios económicos, soporte teórico y la percepción clara de que esas formas arquitectónico-urbanísticas pueden ser una fuente de ingresos. Sobre esas tres patas se puede erigir una estrategia de recuperación y relanzamiento de la arquitectura autóctona cisastur». Sobre este particular, el técnico en Urbanismo Jonatan Rodríguez Bayo aporta: «Los desastres son posibles por un claro incumplimiento de la legislación y por la total pasividad de gran parte de los ayuntamientos, ya que éstos son los encargados de iniciar los trámites de disciplina urbanística para subsanar los casos de disconformidad en la ordenación que se presenten en su jurisdicción». Y añade: «En ayuntamientos pequeños, los responsables de las áreas de urbanismo, ante las impopulares medidas que prevé la disciplina urbanística, prefieren correr un tupido velo e ignorar esas aberraciones constructivas a buscar la confrontación con sus vecinos y a veces incluso con amigos y familiares cercanos». «Aún así, existe una situación legal de excepción, que no funciona cómo debe, y que corresponde a las diputaciones, permitiendo a las mismas actuar ante la pasividad de un determinado ayuntamiento que no toma las medidas pertinentes ni solicita a éstas asistencia jurídica, técnica o económica. Es entonces cuando la correspondiente diputación debe ejercer directamente las funciones, o bien poner en conocimiento del servicio territorial de fomento de la junta de Castilla y León, para el ejercicio de inspección y disciplina urbanística», reflexiona. ¿Qué hacer, entonces? Dice Jonatan Rodríguez Bayo: «Tanto a nivel institucional como vecinal está todo por hacer. Carece de importancia una legislación de urbanismo mas o menos estricta y un puñado de instituciones oficiales existentes para velar por el correcto funcionamiento de la maquinaria legal si luego desde esas mismas instituciones se proyectan edificios públicos como ayuntamientos, escuelas, consultorios médicos... totalmente discordantes y realizados prácticamente cómo construcción en serie sin tener en cuenta ningún elemento de la arquitectura típica que los rodea». «Si a esto añadimos -prosigue- la arbitrariedad de la gran mayoría de los ayuntamientos, la nula incentivación y motivación sobre el conservacionismo de los elementos tradicionales y la dificultad administrativa, jurídica y técnica para tramitar ayudas oficiales a la hora de conseguir fondos económicos para la construcción de acuerdo a los modelos tradicionales, se está dando a entender a la población en general que se puede construir de cualquier forma posible». «A nivel vecinal, la necesidad económica en una gran mayoría de las familias así como el desconocimiento de la legislación sobre urbanismo, métodos tradicionales de construcción, etc, conllevan a la adopción de un tipo de vivienda que puede llevar a cubrir las necesidades de su promotor, pero que no cumple con ninguno de los criterios de integración en el entorno, resultando entonces la ocupación del espacio con unidades de construcción totalmente discordantes. Pero en aquellos pocos casos en los que los requerimientos legales son conocidos, o aún cuando se intentan aplicar por parte de los ayuntamientos, son desafiados y boicoteados continuamente, produciendo graves enfrentamientos con los responsables de las entidades locales, llegando a situaciones de riesgo real para los representantes públicos. Esta doble problemática institución-población es la causante de que la arquitectura típica de nuestros pueblos se esté perdiendo rápidamente de una forma irreversible», concluye. Apoyan estas palabras las de Javier Callado. Para él, lo primero que habría que hacer es «tipificar nuestras estructuras arquitectónicas y su evolución. Esto corresponde a instituciones de ámbito superior. A partir de la definición de unos referentes típicos hay que trasladar al campo esas peculiaridades en materiales, colores, elementos de fachada, conjunción de grupos de viviendas, etc. Es aquí donde la institución superior ha de engranarse con la menor en dos vertientes: primero, la acción pública restaurando de forma directa núcleos concretos que muestren la pauta. segundo, comprometiendo ayuda económica y técnica con las instituciones vecinales, que ha de percibir la recuparación y resíntesis de su pueblo como algo propio, beneficioso y dignificador». Infracciones que se pagan Añade Bayo que, en cuanto a las multas, la disciplina urbanística «contempla varios modelos que van desde sanciones de tipo económico a la retirada de licencias, paralización de obras, derribos parciales de los elementos discordantes, derribos totales y excepcionalmente expropiación forzosa. En León, generalmente, las infracciones urbanísticas suelen solucionarse con multas que oscilan entre los 150,25 y los 1.803.036,31 euros». Así pues, como no podía ser de otro modo, las razones de tipo económico responden, en buena medida, a la pregunta de por qué en León se llevan a cabo tantas barbaridades urbanísticas y por qué los pueblos no son otra que, en muchos casos, un simple amontonamiento de casas de pisos a imitación de la ciudad, olvidando las peculiaridades que los hacían únicos. Esto es particularmente cierto en las cabeceras comarcales, con espacios en los que se funden, con anarquía y desconcierto, lo urbano y lo rural, sin saberse muy bien a cuál de estos ámbitos responden exactamente. Ejemplos hay a puñados en Cistierna, La Robla, Bembibre, La Bañeza, Astorga, y son crecientes en lugares como Sahagún, Santa María del Páramo, Villablino, y otros. Razones económicas (es más barato, apenas hay multas), pero también educativas (no existen campañas que desde las instituciones se lancen para fomentar el apoyo a las casas y a los paisajes de siempre). Llama la atención la actividad que en los colegios acaba de implantar la Xunta de Galicia en la que los niños aprenden cómo es la cultura arquitectónica de su comunidad, los beneficios que tiene el ser respetuoso con ella y cómo evitar el feísmo. Pueden ser muy ilustrativas las conclusiones a las que llega el completo estudio de Rodríguez & Valbuena sobre el feísmo leonés. He aquí un extracto: «Las normas urbanísticas son el documento que señala el límite entre lo que es urbano y lo que no lo es, y esa restricción es el motivo por el que resultan tan impopulares. Todo el mundo quiere construir sobre su parcela, con independencia de que pueda considerarse adecuado o no, incluso de que esté permitido o no. A medida que vamos avanzando hacia localidades más grandes, con mayor presión urbanística, esta realidad resulta más patética». Grandes verdades. Y continúan: «La pérdida de competencias por parte del Estado en materia urbanística ha supuesto un cambio legislativo radical e innecesario que ha complejizado enormemente su conocimiento y aplicación. De hecho la aplicación estricta de la legislación vigente, supone en la mayoría de los casos una paralización de los expedientes sin que ello lleve consigo una mejora evidente del resultado final». El excesivo tiempo y esfuerzo que hay que invertir también actúan de forma negativa. Lo explican: « Las distintas competencias administrativas en materia de vivienda y actividades tienen como consecuencia directa que cualquier nuevo negocio que quiera implantarse en el medio rural se encuentre con tramitaciones burocráticas imposibles, lo cual no favorece el desarrollo de estas zonas. La administración se ha complejizado enormemente y adaptado sólo a las condiciones de las grandes ciudades, lo que las aleja irremediablemente de los pequeños núcleos de población de nuestro territorio». Como ejemplo: «Un pequeño empresario de un pueblo de la montaña de León que quiera montar un negocio tiene que someterse a una tramitación desproporcionada, con unas leyes que cambian continuamente y que pueden obligarte a dar marcha atrás en pleno proceso. Todo el mecanismo administrativo se despliega con la misma intensidad para controlar una explotación a cielo abierto sobre un espacio protegido por la UNESCO que para fijar las condiciones de implantación de una serrería en casi cualquier sitio de la montaña y eso, sin lugar a dudas, resulta desproporcionado. Sin embargo, si bien las competencias en materia de actividades son, en términos generales, autonómicas, en materia de vivienda son municipales, es decir, que los permisos para la construcción de una vivienda los da el ayuntamiento y aquí lo que prevalece es el criterio de fomentar cualquier nueva vivienda en las condiciones que sea; más vale una casa fea que ninguna». «El medio rural en la provincia de León sufre una tendencia hasta el momento imparable de regresión poblacional -analizan-. La gente se marcha a las grandes ciudades y el campo se queda vacío. Esta situación condiciona enormemente la ordenación del territorio. Cualquier pequeña población busca ofrecer suelo, con el menor gasto posible, para que venga gente de fuera o para que no se marchen los que quedan. En este punto resulta general el desprecio hacia cualquier normativa urbanística restrictiva que consideran muy alejada de sus intereses». Y es que los modelos territoriales estatal y autonómico «favorecen a las poblaciones con mayor número de habitantes y de esta forma descuida los pequeños municipios. Construye grandes autovías de comunicación entre las capitales de provincia mientras cose con travesías cualquier carretera secundaria». La pérdida de población acarrea, como no puede ser de otra manera, una enorme crisis cultural en relación con los valores tradicionales que se hace extensiva a todo aquello relacionado con lo rural, desde los usos y costumbres a los materiales constructivos y hasta las actividades económicas propias. «Esta crisis cultural, aunque actualmente está en regresión, es uno de los factores que peores consecuencias tiene para nuestro paisaje -explican los arquitectos-. Se desprecia la morfología de nuestros pueblos, la vivienda tradicional, los materiales con que estaban construidas, las pavimentaciones, el arbolado, el paisaje rural, etc., y la consecuencia inmediata es su destrucción y desaparición». Es, pues, otro rostro de la lucha contra la globalización y unificación, esa que parece querer llegar a todos los rincones del globo: «Las nuevas corrientes culturales tienen un carácter globalista y unificador que choca frontalmente con los intereses de nuestro medio rural. La homogeneidad supone la pérdida de una identidad cultural que nuestro patrimonio no se puede permitir. No quedan excluidos de estas nuevas tendencias los arquitectos, técnicos, promotores y constructores que menosprecian en demasiados casos los valores tradicionales y hacen prevalecer criterios económicos envueltos en papel de modernidad». Por último, argumentan que aún «es pronto para hacer una valoración de la aplicación de la nueva legislación autonómica sobre el territorio. Tenemos a nuestras espaldas toda la historia urbanística de nuestro país o la carencia de ella. Durante los años sesenta y setenta del pasado siglo se cometieron todo tipo de actuaciones urbanísticas de enorme impacto y cuya huella aún no ha desaparecido, pesará durante muchos años sobre nuestro paisaje». La principal conclusión que podemos sacar de todo lo anterior es que nuestros pueblos están amenazados por una crisis económica, demográfica, cultural y social de la que no se puede salir en tanto no cambie radicalmente el modelo territorial. Citas del informe: «El principal motivo de la fealdad de nuestros pueblos es de carácter cultural y únicamente se resuelve mediante la sensibilización y educación social». «La normativa es una herramienta insuficiente para controlar la actividad urbanística y requiere de la participación social». «Algunos ayuntamientos no tienen capacidad ni criterio para intervenir en las decisiones urbanísticas. Es necesario reconsiderar el modelo de hegemonía municipal buscando agrupaciones que abarquen mayor población y recursos para que tengan un mayor control sobre su territorio». Aducen que resulta imprescindible promover y difundir el entusiasmo por nuestros valores, consiguiendo que tanto la gente que habita nuestros pueblos como los que los visitamos seamos conscientes del maravilloso patrimonio que tiene León y aprendamos a protegerlo, conservarlo y ampliarlo, sacándole la máxima rentabilidad posible. «Nuestra tierra tiene un valor ambiental extraordinario por encima, en muchos casos, de otros paisajes que consideramos paradigmáticos de otros países. Las actuales condiciones económicas y culturales no son las más idóneas para su conservación y puesta en valor, por lo que parece adecuado instrumentar medidas de conservación más adecuadas. También es cierto que sin prosperidad económica y desarrollo no hay posibilidad de conservación, por lo que se debe promover el medio rural como verdadera alternativa a la ciudad y no como el sucedáneo que resulta en la actualidad. Debemos hacer nuestra la máxima del urbanista Ildefonso Cerdá que proponía «urbanizar el campo y ruralizar la ciudad».