El uso de cebos envenenados pone en peligro la biodiversidad
El veneno afecta de forma dramática a la fauna silvestre y en especial a especies amenazadas como el águila imperial ibérica, el alimoche, el buitre negro o el milano real, cuyas poblaciones están en regresión. El Programa Antídoto lucha contra
|||| El pasado mes de marzo, agentes medioambientales de Castilla y León recogieron cuarenta cadáveres de aves envenenadas en la comarca de Cantimpalos (Segovia), entre los que se encontraban cinco buitres negros y doce milanos reales. Según han denunciado WWF/Adena y SEO/BirdLife, los hechos son especialmente graves, ya que el lugar donde se han encontrado los cuerpos se incluye en la zona de alimentación de dos parejas de águila imperial y es una zona de uso muy intenso dentro del área de campeo de la población de buitre negro de la Sierra de Guadarrama, una de las más importantes de España.
También es significativo el elevado número de milanos reales muertos, la especie sin duda más afectada por este episodio, cuya población reproductora está sufriendo un acusado declive en los últimos años (estimado en un 50% en 10 años) y cuya situación es muy preocupante en la provincia de Segovia, donde el descenso de su población se estima que podría llegar al 70-80% en una década.
Más recientemente, han aparecido muertos 16 buitres leonados en Aldeanueva de Figueroa (Salamanca) y tres milanos reales y un aguilucho lagunero en Unión de Campos (Valladolid), demostrando la importancia de esta amenaza para las rapaces de Castilla y León.
Aplicar medidas
Son los últimos casos conocidos del uso de cebos envenenados, que ponen de manifiesto una práctica ilegal que aún se aplica en el campo y que es constitutiva de delito según el Código Penal vigente, aunque todavía está lejos de erradicarse. El veneno suele ser un fitosanitario con el que se impregnan trozos de carne o restos de placenta y, en ocasiones, es tan potente que el vómito de una de las víctimas puede matar a otro ejemplar si lo ingiere.
En el informe de WWF/Adena, «El veneno en España», se afirma que en los últimos quince años han muerto por esta causa más de 20.000 aves rapaces, lo que la convierten en la mayor amenaza para especies amenazadas o en peligro de extinción como el águila imperial ibérica, el imoche, el buitre negro, el milano real o el quebrantahuesos. Andalucía es la comunidad con más casos detectados (1.070) y ejemplares envenenados (2.116), seguida de Castilla y León (573 casos y 1.683 animales muertos), Castilla-La Mancha (496 y 1.089, respectivamente) y, Aragón (270 y 518). Sin embargo, la cifra real sería muy superior. Según WWF/Adena, los cadáveres encontrados apenas representarían un 15% de la mortalidad real en el caso de las especies más escasas y sometidas a un mayor control.
La utilización de cebos tóxicos por desaprensivos, ya sean ganaderos, pastores o titulares de cotos privados de caza, que pretenden eliminar depredadores como el zorro, también perjudica a especies predadoras, carroñeras, omnívoras (oso, jabalí) o animales domésticos, principalmente perros. Aunque su uso es ilegal desde 1983, lo que permitió la recuperación de las especies más sensibles, en la década de 1990 volvió a incrementarse su uso, ligado casi siempre a cotos de caza menor. Aunque en menor medida, en algunas regiones de España esta práctica está vinculada a la ganadería, para controlar los daños de la fauna salvaje a los rebaños. Detrás de este repunte, que todavía se mantiene, está la impunidad de los envenenadores, amparados en la falta de vigilancia, de sanciones u otras medidas disuasorias.
Científicos y organizaciones conservacionistas aseguran que está demostrado que la aplicación estricta de medidas hace disminuir de forma significativa el uso ilegal del veneno, por lo que urgen a las comunidades autónomas que reconozcan el problema, aprueben de forma urgente planes de lucha contra el veneno y creen patrullas móviles de agentes especializados.
Igualmente, piden a organizaciones de cazadores, ganaderos y agricultores que aumenten más su implicación en crear conciencia en sus respectivos sectores para que las personas que siguen utilizando ilegalmente el veneno lo abandonen, así como expulsar de ellas a quienes lo emplean. Consideran, además, que hay que seguir profundizando en la especialización de las fiscalías de medio ambiente, dotándolas de los medios humanos y materiales para que mejoren su labor, así como poner en marcha mecanismos que garanticen que tanto la vía administrativa como la penal lleguen en todos los casos hasta el final.