Los informes apuntan a Camps

Son tres los informes de diferentes instituciones que han provocado que el juez Antonio Pedreira se inhiba a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ante los indicios recurrentes de que pudiera haber aforados implicados en la trama Gürtel.

Policía Judicial. Este informe de la Unidad Contra la Delincuencia Económica y Financiera fue el primero que habló de financiación irregular del PP. El atestado indicaba que Álvaro Pérez, «El Bigotes», el responsable de la filial Orange Market mantenía «una estrecha relación» con dirigentes populares. Parte de los actos del PP son financiados por empresarios, siendo para éstos donaciones de dinero que no ingresan en la cuenta corriente del partido».

Intervención General del Estado . Su estudio del 13 de abril del 2010 desvela que el Gobierno de Francisco Camps adjudicó más de 7,2 millones de euros a la «trama Gürtel» entre 2004 y 2009, y que, al menos, 14 de los 85 contratos localizados fueron a todas luces irregulares.

Hacienda . La Oficina Nacional de Investigación Contra el Fraude emitió un informe el 6 de mayo del 2010 que, en realidad, era ampliación del de la Policía Judicial de julio del 2009 y que confirmaba la «posible» financiación irregular del partido. Según la Agencia Tributaria, el PP valenciano escondió pagos cercanos a los 2,5 millones de euros en las elecciones locales y autonómicas del 2007. Hacienda apuntaba por primera vez al fraude fiscal dentro de la formación y aseguraba que, a la vista de los libros de contabilidad de Orange Market, al menos cinco empresarios financiaron de manera opaca al PPCV.