Cataluña no llega a final de mes
. La Generalitat advierte de que podría haber más meses de impagos a geriátricos y a centros sociales.
El conseller de Economía, Mas Colell (en primer plano), junto al presidente Artur Mas.
La situación financiera de la Generalitat está adquiriendo tintes dramáticos en los meses de verano. Con el argumento de que la caja está vacía, de que el Gobierno central no facilita liquidez y de que los nuevos objetivos de déficit impuestos por el Ejecutivo central ahogan a las autonomías, la Generalitat se ha visto obligada esta semana a reconocer que no tiene dinero para pagar los convenios que mantiene con la residencias sociales y que el impago se puede repetir más meses.
Son unas 4.000 residencias de la tercera edad, centros para discapacitados, enfermos mentales o drogodependientes, así como otras instituciones que ofrecen servicios sociales, que no pagarán sus nóminas de julio a unos 100.000 trabajadores porque el Gobierno catalán no puede abonar los 70 millones que les adeuda. En principio, la situación crítica sólo afecta a los conciertos del mes de julio, pero nadie en la Generalitat se atreve a asegurar que los impagos no se repetirán. «No puedo garantizar nada», expresó el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell. Para que Cataluña no se vea obligada de nuevo a cerrar el grifo con las entidades sociales, el Gobierno central debería poner en marcha «cuanto antes» el fondo de rescate autonómico. «O el Gobierno nos envía liquidez o este problema se repetirá y se repetirá cada mes», dijo Mas-Colell.
Denuncia «preventiva»
De momento, según reconoció la presidenta de la mesa del Tercer Sector de Cataluña, Àngels Guiteras, los geriátricos no han tomado la decisión drástica de enviar a los ancianos a casa ante los posibles problemas de desatención que se pudieran derivar del impago de las nóminas. Pero, por si acaso, los directores de unos 300 geriátricos presentaron el martes una denuncia «preventiva» ante la Fiscalía para alertar del «riesgo vital» y de «situaciones asistenciales críticas» a las que se enfrentan los internos, unos 23.000 en el caso de los que están reconocidos con grados severos de dependencia. Los centros informaban de un plan de choque en el que podrían llegar a reclamar a las familias que se responsabilizasen temporalmente de los ancianos.
Los impagos de la administración catalana, en cualquier caso, no se limitan a las entidades sociales y se extienden a todos los sectores, desde el sanitario al educativo. A los 70 millones que el Govern adeuda a las entidades asistenciales hay que añadir los 340 millones que debe a los hospitales por los conciertos de julio y otros 10 millones a las escuelas concertadas.