El Gobierno, entre la firmeza y la distensión

«¿De dónde sale eso?». La pregunta la hizo Soraya Sáenz de Santamaría en referencia a una presunta intervención de Cataluña o una destitución de Artur Mas si convoca el referéndum soberanista en el 2014. El Gobierno quiere rebajar la tensión que se ha generado con la Generalitat de Cataluña y, en absoluto, se plantea ahora adoptar medidas legales drásticas.

La intervención de la comunidad al amparo del artículo 155 de la Constitución o la inhabilitación de su presidente, prevista en los artículos 404 y 410 del Código Penal, son alternativas que forman parte del arsenal jurídico que tiene el Gobierno en caso de que la Generalitat pase de las palabras a los hechos.

Pero unas respuestas tan contundentes no forman parte de la estrategia gubernamental, al menos a corto plazo. La vicepresidenta se mostró ayer sorprendida en una conversación informal en el Congreso de que alguien haya dicho que la intervención de la autonomía y la inhabilitación del presidente estén sobre la mesa porque no es así. Sáenz de Santamaría ha dicho en reiteradas ocasiones que el Gobierno tiene «muchos mecanismos» para evitar que se cometa una ilegalidad, como sería una consulta unilateral, pero nunca ha citado las previsiones constitucionales ni el articulado del Código Penal. Que sí se contemplan, pero como ultimísimo recurso que el Gobierno está casi convencido de que nunca será necesario utilizar.