Públicas, pero no iguales

¿Educar o cuidar? Las dos cosas. La educación infantil de 0 a 3 años es una etapa tan importante o más que el resto de los ciclos educativos, incluso los obligatorios. Dicen que el cerebro, en su parte intelectual y también en la emocional, adquiere sus pilares en los primeros dos años de vida.

Las guarderías surgieron en León, tras la Guerra Civil, la primera, Viuda de Cadenas, actualmente propiedad de la Junta, y en los años 70, la mayoría de las municipales, para liberar a las madres de unas horas durante los primeros años de crianza y que así pudieran trabajar. En los años 80 se dio otro impulso a este servicio público.

La atención a niños y niñas de 0 a 3 años está reconocida en la leyes vigentes como una etapa educativa en la que, al igual que de 3 a 6 años, «se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, a los movimientos de control corporales, a las manifestaciones de las comunicaciones y del lenguaje, a las pautas elementales de convivencia y de relación social, así como al descubrimiento de las características físicas y sociales del medio en el que viven». Asimismo, se encomienda a esta primera etapa educativa que «niños y niñas elaboren una imagen de sí mismos positiva y equilibrada y adquieran autonomía personal».

El término ‘guardería’ —de guarda y custodia—sigue predominando en el imaginario colectivo y en los títulos de la mayoría de los 122 centros que atienden esta etapa en la provincia de León. La primera ‘escuela’ es muy desigual en modelo y en precios.

Sólo hay reconocidas 15 escuelas infantiles, lo que significa que cuentan con las instalaciones y el personal adecuado. El resto son guarderías, ludotecas o centros de educación infantil, según la nomenclatura admitida por la Junta. El precio de acceder a una escuela infantil es muy diferente de unos municipios a otros y dentro de un mismo municipio según la escuela sea propiedad de la Junta o municipal.

Hay una diferencia de hasta 156 euros, para la misma renta, en los precios máximos de las escuelas infantiles. Las más baratas son las de la Junta, cuya tarifa superior es de 120 euros, y las más caras las del municipio de Villaquilambre, que aprobó un precio de 276 euros para las rentas más altas, aunque en la práctica «la mayoría no paga más de 180 euros», matiza la concejala de Familia, Carmen Olaiz.

La tercera más cara es la de San Andrés del Rabanedo, que tiene una tarifa máxima de 244 euros, y las de Ponferrada, con 236,55 euros más el comedor, que son 70 euros. Por detrás está la escuela infantil y los tres centros del Ayuntamiento de León, con un precio máximo de 130 euros más el coste del comedor que oscila entre 7,98 y 55,91 euros.

Las plazas más baratas son las que son propiedad de la Junta de Castilla y León, cuatro en León capital y una en Ponferrada, con 120 euros en la tarifa máxima incluido el comedor.

En las escuelas infantiles es preceptiva la figura del maestro o maestra para dirigir el programa pedagógico. «Trabajamos como en una escuela: desde dar un chupete hasta hacer fichas son actos educativos», afirma la directora de la escuela infantil municipal Hermana Carmen de San Andrés del Rabanedo.

Conciliación desigual

La desigualdad y disparidad de tarifas se da entre diferentes municipios y entre diferentes administraciones. En los últimos años se ha descargado sobre los ayuntamientos la cobertura de las necesidades de conciliación de la vida familiar y laboral.

«La Junta no nos da ni un euro y tenemos que asumir un déficit de explotación de casi 180.000 euros», afirma la concejala de Bienestar Social de Ponferrada, Isabel Bailez.

La disparidad de tarifas se mantendrá, asegura, «mientras la Junta no asuma las escuelas, que son de su competencia, o nos financie a todas y exija los mismos precios en todos los municipios», precisa.

La concejala de Bienestar Social de León, Montserrat Gutiérrez, asegura que el déficit de estos servicios en el municipio capitalino está cercano al millón de euros y eso que «lo hemos reducido considerablemente pues era de dos millones».

El único criterio que ha unificado la Junta para baremar el acceso a estos centros es la renta. La proximidad ya no es un factor que beneficie, aunque las familias la tienen muy en cuenta a la hora de elegir un centro, muchas veces pesa más que el hecho de que sea público o privado, escuela o ludoteca.

En Villaquilambre el coste real de cada plaza se estima en 375 euros al mes y los precios fijados en la ordenanza que entra en vigor en septiembre ofrecen bonificaciones del 25% al 75% de este coste total.

Más demanda

Las escuelas infantiles de la Junta de Castilla y León —cuatro en León y una en Ponferrada con 357 plazas— son las más demandadas. El acceso a estas escuelas infantiles está regulado por la Consejería de Educación pese a que la gestión es de Familia: «La educación infantil es una etapa educativa con identidad propia» y la administración educativa tiene «la competencia para determinar sus contenidos educativos, así como los requisitos que hayan de cumplir los centros», señala la orden de 2012.

El Ayuntamiento de León cuenta con tres centros infantiles y una escuela con un total de 277 plazas. Los vaivenes políticos afectan a su gestión. En el anterior mandato PSOE-UPL se cerró la guardería Pío XII, ahora convertida en comedor social. El actual equipo de Emilio Gutiérrez renunció a la gestión de la escuela infantil del Inteco, que fue adjudicada a una empresa privada. Pese a que sólo la Escuela Infantil Santa Margarita, de Armunia, tiene la categoría de escuela, tanto el acceso como los precios son iguales para todos los centros. Las tarifas van de 18,30 euros al mes a 130 euros y, a partir del próximo curso, hasta 195 para las plazas que se cubran con no empadronados.

Sólo esta escuela infantil cuenta con maestra después de que el Ayuntamiento de León prescindiera de cuatro puestos con esta categoría que fueron incluidos en el expediente de regulación de empleo. La maestra y pedagoga de Santa Margarita tiene funciones de directora y de coordinadora pedagógica para todos los demás centros, según la concejala de Familia y Bienestar Social, Montserrat Gutiérrez.

«El proyecto pedagógico es el mismo para todos los centros con independencia de su denominación», asegura. Los centros infantiles Dama de Arintero, en el Crucero, San Lorenzo y La Asunción e incluso Santa Margarita «tenían colgado el cartel de escuela infantil sin serlo», añade la edila. En esta última, de obra nueva, «tuvimos que hacer una reforma para conseguir la acreditación», informa.

‘No las necesitábamos’

Gutiérrez justifica la ausencia de maestras en los centros infantiles en que «no las necesitábamos», si bien se mantuvieron a las axuliares, una categoría que no es obligatoria. La concejala achaca la expulsión de las maestras a los pactos del comité de empresa con la concejalía de Personal, que dirige Nuria Lesmes.

«Lo importante es el servicio y la calidad, no si es escuela o centro», concluye la responsable de Bienestar Social. «Y nuestros centros son muy queridos», agrega. No obstante, el curso pasado hubo hasta 40 plazas vacantes pese a que la demanda inicial siempre es superior al número de plazas que se ofertan.

Todos los centros de nueva creación, con contenidos educativos, tienen que tener una maestra al frente. Pero no sucede lo mismo con las ya existentes. «La etapa de 0-3 años no se valora, se cuidó unos años y ahora se vuelve a la guarda y custodia», afirma una profesional.

En los últimos años en los centros de León se apostó por los métodos pedagógicos más avanzados y la estimulación emocional y de la inteligencia.

Sin ayudas

El Ayuntamiento de Ponferrada cuenta con dos centros, una escuela y un centro infantil. La gestión es privada, pero las normas de acceso se regulan por el municipio y en ambos centros hay maestras tituladas que ejercen como directoras.

«No es escuela una de ellas porque no cumple los requisitos arquitectónicos por un vano, pero por lo demás el funcionamiento es el mismo», explica la concejala de Bienestar Social de Ponferrada, Isabel Bailez. El contrato de gestión caduca a finales de este mes y se prepara un nuevo pliego. Las nuevas tarifas están todavía sin concretar aunque se pretende que «sea más barata la gestión», precisa la concejala.

En San Andrés, el Ayuntamiento es titular de una escuela infantil con 86 plazas que está en fase de ampliación y cumple su octavo curso escolar. El precio es de 60 euros como mínimo y 244 como máxima. Cuenta con diez educadores para siete aulas y una directora maestra.

La eliminación de las ayudas que la Junta ofrecía a estos centros y la historia de cada municipio está también de la disparidad de tarifas.

Las escuelas municipales funcionan sin ayuda alguna de la Junta desde hace tres años. Anteriormente, se llegó a financiar el 20% de los costes de personal. Ahora su futuro está en el aire y a expensas de que los municipios puedan mantener el alto coste que supone mantener una escuela infantil.

En 2003 la Junta reguló los centros infantiles para la conciliación de la vida laboral y familiar y desde los años 80 no ha creado ninguna escuela de educación infantil. El Parque de los Reyes, en León, y La Guiana, en Ponferrada, fueron las últimas.

En el registro que la Junta publicita on line están reconocidas como escuelas infantiles las de los ayuntamientos de Santa María del Páramo, Carrizo de la Ribera, Nuevo Amanecer en Villaobispo de las Regueras, Alto Sol en Navatejera, Pequeneque en Toral de los Vados, Pequecoyanza en Valencia de Don Juan, Camino de Santiago en Ponferrada, la escuela municipal de Bembibre, La Cerca en Camponaraya y Santa Bárbara de Cistierna, así como Santa Margarita II en León, Hermana Carmen en San Andrés y las cinco de la Junta: La Inmaculada, San Pedro, Viuda de Cadenas, Parque de los Reyes y La Guiana.

Una escuela menos

Las dos escuelas de Villaquilambre cuentan con una maestra-directora, un técnico por aula y un auxiliar por cada dos aulas. Este municipio tenía una tercera escuela, en un edificio alquilado, que fue clausurado. «Hemos cerrado una de 70 plazas porque la demanda ha bajado conforme la gente se ha quedado en el paro, pues la la natalidad no ha bajado tanto», asegura la concejala de Familia, Carmen Olaiz. La lista de espera «es mínima».