La infanta no hará el paseíllo

El juez decano de Palma, Francisco Martínez Espinosa, ha autorizado hoy que la infanta Cristina acceda en coche a los juzgados, "por estrictas razones de seguridad", cuando el próximo 8 de febrero comparezca como imputada en el caso Nóos.

Martínez Espinosa atiende así la propuesta que le había planteado la Policía Nacional como "absolutamente recomendable y estrictamente necesario, en orden a garantizar un nivel de seguridad adecuado" en el desarrollo de la declaración de doña Cristina ante el juez de instrucción José Castro.

El juez decano de Palma, que ha hecho esta mañana declaraciones a los medios de comunicación dada la expectación que ha generado esta cuestión, ha recalcado que su decisión se basa en el requerimiento realizado por la Policía por motivos de seguridad.

"Se invoca en esencia que se trata de un acto programado con anterioridad y de público conocimiento, de gran repercusión mediática, en zona de actuación concreta y limitada, con topografía de rutas de entrada y salida inadecuadas, con previsión efectiva de grupos hostiles y con gran repercusión en redes sociales y en clima de tensión social", recoge la resolución del juez decano sobre el informe de seguridad que le han presentado.

El decano ha asegurado que "el riesgo sería cualquier acto hostil que pudiera ir dirigido contra esta persona".

Martínez Espinosa ha añadido que su deber es establecer los criterios de seguridad en los juzgados en virtud de lo requerido por la Policía, pero ha puntualizado que "lo que decida a última hora la persona imputada, eso ya queda a su criterio".

"Nosotros no le imponemos el descenso en vehículo, lo autorizamos", ha añadido Martínez Espinosa sobre esta decisión, que supone una excepción a la regla general de entrada en las dependencias judiciales, que es acceder "a pie" por "la rampa".

El decano ha asegurado que no ha recibido ninguna instrucción por parte de la Casa Real, sino únicamente el informe de la Policía sobre la conveniencia de que la infanta pueda bajar en coche para garantizar un estándar de seguridad.

Martínez Espinosa se ha referido también a la autorización a la prensa para asistir a la llegada y salida de la infanta desde el patio de los Juzgados de Vía Alemania y ha asegurado que considera "un gran logro" que se mantengan para los medios de comunicación las condiciones que tuvieron en anteriores declaraciones de especial repercusión en este caso.

Ha admitido que temió que "las exigencias de seguridad, llevadas a los últimos términos", pudieran limitar el seguimiento por parte de los medios, pero ha recalcado que la intención es "que sea en la misma delimitación y en la misma forma en la que se ha establecido en ocasiones anteriores".

El juez decano ha dicho que las fuerzas de seguridad han mostrado predisposición a que los medios accedan y ha defendido que "se trata de una comparecencia de una persona con una relevancia pública incuestionable, en un acto de trascendencia mediática indiscutible".

"Mi función no puede ir más allá, yo he hecho lo posible para garantizar que los medios puedan llevar a cabo su cometido de la mejor manera posible, incluso yendo más allá de lo que se hace en otros partidos judiciales", ha afirmado.

Acerca de la decisión del juez Castro de prohibir que quienes accedan al edificio de los juzgados porten móviles, tabletas u ordenadores portátiles, Martínez Espinosa ha señalado que el magistrado la ha adoptado para evitar la filtración de las actuaciones judiciales, "que son sumariales y están sometidas al secreto aunque éste no se haya decretado expresamente".

Más de 200 policías, agentes de la Casa Real y el completo blindaje de la manzana en la que se ubican los juzgados de Palma no es un despliegue suficiente para garantizar la seguridad total de la infanta el 8 de febrero. La policía cree también indispensable para su completa protección que la hija del rey no recorra a pie la rampa que conduce a la puerta de atrás de la sede judicial, un lugar al que solo tendrán acceso los medios de comunicación y que se encuentra a más de 400 metros del cordón de seguridad que no podrán traspasar los curiosos y los posibles manifestantes. Un público que, en ningún caso, llegará siquiera a ver a la imputada.

La Jefatura Superior de Policía de Baleares y la Delegación del Gobierno en las islas entregaron ayer al decano de los juzgados de Palma, Francisco Martínez Espinosa, un informe en el que recomiendan que la hija del rey llegue en coche hasta la misma puerta del juzgado de guardia, único acceso al edificio abierto durante el fin de semana, por «estrictos motivos de seguridad».

Según explicaron fuentes del caso, el documento pone el acento en el riesgo que supone la concentración antimonárquica que diversos colectivos republicanos, independentistas e indignados han convocado en los aledaños de los juzgados de Vía Alemanya a las diez de la mañana del 8 de febrero a la misma hora que el interrogatorio a Cristina de Borbón. Una convocatoria que ya ha sido autorizada por la Delegación de Gobierno.

Esa protesta ya centró buena parte de la reunión que el lunes celebraron en la capital balear miembros de los equipos de seguridad de la Casa Real, la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local de Palma y en la que participó la delegada del Ejecutivo en las islas, Teresa Palmer. En ese encuentro ya se acordó que la recomendación al decano fuera que la esposa de Iñaki Urdangarín no recorra a pie los 40 metros de la cuesta, aunque ninguno de los manifestantes podrá siquiera acercarse a la calle que da acceso a esa famosa rampa. Sin embargo, el informe policial insiste en que la infanta podría ser el objetivo de lanzamiento de objetos.

Con ese informe encima de la mesa, el decano será quien decida si, como pide la policía, la infanta llega en coche hasta el juzgado. Martínez Espinosa tiene previsto hacer pública su decisión final hoy, aunque nadie en los juzgados de Palma duda de que el decano hará suyos los argumentos de la Jefatura y permitirá a Cristina de Borbón ahorrarse el paseíllo.

Así lo hizo en febrero de 2012, cuando Interior, en la primera declaración de Iñaki Urdangarín, emitió un informe casi idéntico al de la infanta recomendando que el duque no llegara a pie. Entonces Martínez Espinosa autorizó que llegara en coche, aunque el marido de la infanta prefirió hacer el paseíllo e, incluso, hacer declaraciones a la prensa. Como ocurrió con su esposo, también la infanta tendrá en cualquier caso la última palabra sobre si recorre a pie o no ese tramo, aunque tenga la autorización del decano para ahorrarse ese mal trago.

El informe de la policía recomendando que la infanta no haga el paseíllo provocó las suspicacias de la oposición. El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, señaló que lo «importante es que los ciudadanos entiendan y sientan que la Justicia es igual para todos». Más duro se mostró el líder de IU, Cayo Lara, quien aseguró que con ese informe «se demuestra una vez más que en este caso la prejusticia no es igual para todos». Según Lara, es una «mala decisión» evitar el paseíllo a la hija del rey. «Lo correcto es que los paseíllos se acabaran, pero para todos los ciudadanos porque las penas no se pagan en los paseíllos, se tienen que pagar en la cárcel», apuntó.

Por otro lado, la defensa de Diego Torres recurrió la decisión del juez de que la declaración de la infanta no sea grabada en vídeo. En su escrito denunció que esta medida supone un «trato dispar, incompatible con el principio de igualdad de los ciudadanos» y que, además, «no tiene amparo legal de ninguna clase».