La Audiencia marca el camino para llevar al banquillo a la infanta

Decisión tan sorpresiva como salomónica de la Audiencia Provincial de Palma. Y en cualquier caso, un fallo que alargará todavía unas semanas más, quizás meses, la incógnita de si la hermana de Felipe VI se sentará en el banquillo acusada de corrupta. El auto da a entender, no obstante, que sí que sería posible enjuiciar a la duquesa, aunque la Fiscalía y la Agencia Tributaria no estén dispuestas a acusarle. La última palabra, dicen los magistrados, será del instructor José Castro, quien ya ha dejado claro que quiere ver a la infanta respondiendo ante un tribunal. Y no solo como testigo, tal y como pretende su ex amigo, el fiscal Pedro Horrach.

La Sala, de manera unánime, dictamina que sí hay indicios para mantener como imputada a Cristina de Borbón por ser cooperadora de los delitos fiscales de su marido en los ejercicios 2007 y 2008, cuando Iñaki Urdangarín utilizó la empresa de ambos, Aizoon, para facturar de forma fraudulenta a un tipo impositivo menor sus trabajos de asesoría a grandes multinacionales. Sin embargo, los magistrados de las Sección Segunda ciegan para siempre (el fallo de ayer es inapelable ante ninguna instancia) la posibilidad de acusar a la duquesa de Palma de un delito de blanqueo de capitales por haber hecho uso del dinero ilícito que entraba en las arcas de Aizoon, a sabiendas de que ese capital tenía una procedencia espúrea, tanto fruto del delito fiscal que estaba cometiendo Urdangarín como del desvío de fondos públicos de las administraciones baleares y valencianas a bolsillos privados. Y este escenario -el de aceptar los delitos fiscales pero no el blanqueo- sólo crea incógnitas.

La denominada dotrina Botín del Tribunal Supremo, en principio, impediría llevar a juicio a una persona por fraude fiscal si las víctimas de este caso (la Agencia Tributaria y su defensa, la Abogacía del Estado) o en su defecto la Fiscalía (garante del interés público) no se sienten damnificadas y no acusan. Este es el caso, hasta ahora, en este proceso, en el que Hacienda y Anticorrupción nunca han visto delito fiscal alguno en la actuación de la duquesa de Palma.

La única acusación contra la infanta por estos ilícitos sería la de la acusación popular, el sindicatos Manos Limpias, aunque la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras conocer el fallo del tribunal palmesano aseguró que los servicios jurídicos del Estado «estudiarán» si acusan a la imputada de fraude, lo que garantizaría que la hermana del jefe del Estado se sentara en el banquillo de los acusados acompañando, entre otros, a su esposo.

Sea como fuere, el auto de los magistrados Mónica de la Serna, Juan Jiménez y Diego Gómez se inclina, al menos entre líneas, a sentar en el banquillo a Cristina de Borbón. La clave está en la página 158 y de las 160 del extensísimo auto. La audiencia cree que «a diferencia» del caso Botín, en el caso Nóos existe un «matiz». Y es que la Fiscalía y Hacienda sí que van a acusar a otros imputados por delitos fiscales, por lo que sería viable que la infanta se sentara también para responder sobre esos ilícitos, aunque la única acusación contra ella fuera la de Manos Limpias.

Más allá de este debate jurídico intenso, la Audiencia Provincial se inclina claramente por las tesis del juez frente a las del fiscal. O sea, que la infanta sí que supo en todo momento que Aizoon se había convertido en una maquina para el fraude. Es más que conocía que «su marido estaba actuando de modo irregular con el fisco». Para la sala es «innegable e inobjetable» que la hija de don Juan Carlos contribuyó «a defraudar al fisco». Y que su bolsillo personal se benefició de ello.

Los consideran, por tanto y siguiendo la tesis de Castro, que la duquesa fue una figura indispensable para que su marido pudiese defraudar hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF de esos años.

La sala es tajante y señala, de nuevo, el camino para acusar a Cristina de Borbón en un cada vez más cercano juicio.