La hora de la verdad en Cataluña
Si los soberanistas tramitan las leyes que crean las estructuras de estado tras la suspensión judicial pondrán en marcha el reloj para la inhabilitación de Mas y Forcadell.
Artur Mas, en el centro, junto a Antoni Castellá, ayer en un acto en Barcelona.
La gran partida de ajedrez, de consecuencias imprevisibles, en que se ha convertido el desafío catalán entra en su fase decisiva, que esta vez sí puede acabar en el tan manido choque de trenes.
El independentismo juega con blancas y por tanto le tocará abrir juego. Lo hará aprobando una resolución, el lunes por la mañana, que supondrá de facto una declaración unilateral de secesión. Junts pel Sí y la CUP, que en las pasadas elecciones obtuvieron 72 de los 135 escaños del Parlamento catalán, pero que en cambio no superaron el 48% de los votos, y en consecuencia no tienen el respaldo mayoritario de la ciudadanía, darán luz verde a una resolución que marca el inicio del proceso hacia la constitución de una república catalana independiente.
Un desafío al Estado sin precedentes, que proclama sin ambages la intención de los partidos secesionistas de ignorar las leyes españolas y las decisiones del Tribunal Constitucional. Una resolución plenamente democrática para el independentismo, que mantiene que cumple un programa electoral y tiene el apoyo de la mayoría absoluta de escaños del Parlamento autonómico, pero fuera del ámbito soberanista ha sido calificada de golpe de Estado civil, sublevación, rebelión o insurreción impropia en un Estado de derecho.
Una vez que la cámara catalana apruebe la declaración solemne, el Gobierno, que juega con las negras, moverá ficha para activar «toda la maquinaria» del Estado. Ya ha anunciado que convocará un Consejo de Ministros extraordinario casi con toda seguridad el martes para llevar la resolución del Parlamento catalán al Constitucional. En cuanto el alto tribunal admita a trámite la impugnación, la resolución del Parlament quedará automáticamente suspendida. En el PP creen que puede ser antes del viernes que viene. Con este movimiento, el Ejecutivo central se comerá unas cuantas fichas blancas, porque la declaración quedará sin efecto, pero el jaque mate al proceso aún quedará lejos.