La juez cerca al supuesto testaferro del ático de Ignacio González
Quiere conocer los viajes a España de Rudy Valner para aclarar quién compró el piso.
mateo balín | madrid
La juez que investiga la compra del ático de Málaga del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha pedido a la policía que acredite las entradas y salidas de España del presunto testaferro Rudy Valner, entre el 1 de enero de 2007 y el 1 de febrero de 2013. La titular del Juzgado de Instrucción número cinco de Estepona quiere acreditar con esta diligencia quién fue la persona que realmente compró el ático que González y su mujer tuvieron en alquiler durante varios meses. Y las sospechas van dirigidas precisamente al ciudadano estadounidense Valner y a una sociedad radicada en Delaware, paraíso fiscal de ese país.
Según las escrituras que el ex presidente presentó en la causa, el ático ubicado en la urbanización Alhambra Golf de Guadalmina fue comprado el 18 de diciembre del año 2012, aunque lo tuvo alquilado desde el año 2008. González siempre ha defendido que no lo compró antes del 2012 porque el ático no estaba inscrito en el registro de la propiedad. Sin embargo, la acusación popular del procedimiento considera que el ex dirigente del PP madrileño ha sido siempre el propietario y que existen numerosos indicios de la comisión de un delito de blanqueo.
En su declaración judicial, González dijo que las gestiones para el alquiler, primero, y luego la compra del ático se realizaron «principalmente por teléfono» y que no conoció a Valner hasta que se formalizó la adquisición en diciembre de 2012. Es decir, según su versión, no tuvo comunicación en persona con él en cuatro años. «Toda mi actuación ha sido legal y clara», defendió el investigado tras su declaración, que sostuvo que pagó «un alquiler con transferencias bancarias».
El ex presidente de la Comunidad de Madrid insistió en que pudieron hacerse con el ático gracias a la indemnización que cobró su mujer en mayo de 2011 (unos 636.000 euros netos). El resto, hasta completar los 741.100 euros que constan en la escritura de la casa, según la declaración judicial, se habría cubierto con un préstamo bancario.