Artur Mas se declara ante el juez «responsable de todo» el 9-N
El expresidente se pregunta por qué la Fiscalía y el Constitucional no actuaron el día de la votación.
Artur Mas durante su declaración en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. EFE
cristian reino | barcelona
La imagen de Artur Mas sentado en el banquillo del Tribunal Superior de Cataluña ocupa ya un lugar relevante en la simbología del independentismo catalán, que situó ayer al expresidente de la Generalitat en el olimpo secesionista junto a Lluís Companys o Francesc Macià por haber desafiado al Estado español con la consulta del 9-N de 2014. El dirigente nacionalista, apartado de la primera línea del proceso soberanista no por un juez sino por las exigencias políticas de la CUP, declaró en el primer día del juicio por el 9-N junto a sus dos exconsejeras, Joana Ortega e Irene Rigau, acusado de desobediencia grave y prevaricación. La Fiscalía pide penas de nueve a diez años de inhabilitación, que implicarían el punto final a la carrera política del sucesor de Jordi Pujol.
El independentismo, que insiste en presentar a España como un Estado antidemocrático, habló de jornada histórica que supondrá un antes y un después en el conflicto político que libran el Gobierno central y el autonómico como consecuencia del empeño del soberanismo en celebrar un referéndum, planteado durante el mandato de Mas y anunciado para septiembre de este año ahora bajo el liderazgo de Puigdemont. Un punto de inflexión en las relaciones entre Cataluña y el resto de España de consecuencias inciertas, pero que de momento trata de capitalizar Artur Mas, que se declaró «responsable de todo» el 9-N, de haber sido capaz de llegar hasta el final y de poner las urnas, a pesar de que muchos en el independentismo le criticaron por renunciar a la consulta y sustituirla por una versión rebajada.
Mas dijo en la víspera del inicio del juicio que no tiene vocación de «mártir», pero sí está dispuesto a pasar a la historia como el dirigente que ante la disyuntiva de tener que elegir entre el clamor de la calle que le pedía abrir las urnas o cumplir con una suspensión del Constitucional, optó por «defender la democracia». «No fue un capricho ni una ocurrencia», precisó. «La iniciativa política del 9-N fue mía como presidente de la Generalitat», afirmó cuando le preguntó su abogado, las únicas cuestiones que contestó, pues se negó -igual que Ortega y Rigau- a responder a la Fiscalía y a la acusación particular. «Soy el máximo responsable de la idea del proceso de participación, las directrices venían de la Presidencia de la Generalitat y de mí mismo», remarcó.
Mas se declara responsable de «todo» el 9-N, pero no cree que cometiera delito alguno. La responsabilidad penal es otra cosa, según la línea de defensa que trazó mientras respondía a su letrado. Los argumentos que el presidente del Pdecat puso sobre la mesa, y con los quiere convencer al tribunal de que no es culpable de desobediencia, son que la Junta de Fiscales de Cataluña consideró en un primer momento que no había indicios de delito y que la consulta no era vinculante ni tenía efectos jurídicos. Incluso así lo entendía, a su parecer, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que el día antes de la votación afirmó que lo que se iba a celebrar no era un referéndum ni nada que se le pareciese y no tenía ningún efecto.
«La Generalitat tiene competencias para conocer la opinión de la gente y es plenamente democrático y legal», afirmó Mas. Además, el expresidente de la Generalitat lanzó una pregunta al aire (lo que le valió una reprimenda del juez) y se cuestionó por qué si en el 9-N se estaba cometiendo un delito, la Fiscalía y el Constitucional no actuaron de inmediato para impedirlo. El dirigente nacionalista se aferra además al hecho de que la corte de garantías, cuando notificó la suspensión del proceso participativo el 4 de noviembre, no incluyó en su escrito una advertencia sobre las consecuencias del incumplimiento. Asimismo, alegó que la notificación llegó a la Generalitat por correo electrónico y no se la entregaron en persona. Y para rematar, sostuvo que el Ejecutivo catalán pidió al Constitucional una aclaración sobre qué implicaba dicha suspensión y no recibió respuesta.
El otro argumento que las defensas de Mas, Ortega y Rigau es el papel que los voluntarios (unos 42.000) jugaron en la organización de la votación. El expresidente catalán dejó claro que sin los voluntarios hubiera sido «imposible» celebrar la consulta.
