Varios testigos inciden en que la Generalitat obvió al Constitucional

cristian reino | barcelona

Aunque Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau basan su línea de defensa en afirmar que a partir del 4 de noviembre, cuando el Constitucional suspendió la consulta llamada proceso participativo del 9-N, toda la organización de la votación quedó en manos de un ejército de 42.000 voluntarios y que por tanto la administración catalana se quedó al margen, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cree que no fue así y considera que la Generalitat siguió tutelando la consulta hasta el final. «Hubo control público de los hechos desde el principio hasta el final», sostuvo ayer el fiscal Emilio Sánchez Ulled.

Una tesis que varios testigos del juicio del 9-N corroboraron este martes, segundo día de la vista judicial, en el que declararon que Mas, Ortega y Rigau desobedecieron la providencia dictada por el Constitucional porque continuaron con los preparativos de la votación. Entre los testimonios que podrían empezar a desmontar la línea de defensa de los tres acusados está el de Dolores Agenjo, la única directora de instituto que se negó a entregar las llaves del centro para que fuera utilizado como colegio electoral. Agenjo, ya jubilada y ahora miembro de Ciudadanos, señaló que durante el 6 y 7 de noviembre, es decir, dos días después de la suspensión del Constitucional, recibió órdenes del Departamento de Educación para que entregara las llaves del centro y la votación pudiera tener lugar en el centro escolar que dirigía de L’Hospitalet.

Esas órdenes, dijo ante el tribunal, fueron llamadas de la directora de servicios territoriales de la Consejería de Educación, que la «violentaron», aunque se negó a colaborar con el 9-N. Afirmó que sólo se hubiera avenido a entregar las llaves, si se lo pedían por escrito y de manera formal, extremo que la administración no quiso.

El otro testigo que con su declaración puso en cuestión, en su caso sin quererlo, la versión de los exmiembros del Ejecutivo catalán fue el coordinador de todo el operativo del 9-N, que entonces era el número dos del Departamento de Gobernación, Joan Cañada, y que fue contratado para hacerse cargo del proceso. Cañada reconoció que la página que se puso en marcha para informar sobre la consulta, y para que sirviera a los voluntarios para apuntarse, se mantuvo operativa, a pesar de la suspensión decretada por el Constitucional de la consulta.

Según argumentó, entre el 4 y el 9 de noviembre no se actualizaron los contenidos, pero no se desactivó la web porque técnicamente no era posible. Reconoció que sus conocimientos informáticos eran escasos, pero en este punto entró en contradicción con la opinión de otro alto cargo del Gobierno catalán durante la consulta del 9-N, el director del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat, Jordi Escalé, quien aseguró que nadie le pidió que se eliminara la web, algo que sí era posible. Escalé reconoció además que se repartieron ordenadores de la Generalitat para la votación durante el 7 y 8 de noviembre, cuando el Constitucional ya había suspendido la consulta.

El fiscal se esforzó ayer con largos interrogatorios en tratar de demostrar además que las empresas subcontratadas para las aplicaciones informáticas entregaron algunas aplicaciones después del 4 de noviembre y que por tanto los técnicos de la Generalitat instalaron esas herramientas informáticas con posterioridad a la suspensión. El fiscal preguntó cómo puede ser que T-Systems, el proveedor contratado por la Generalitat, certificara la entrega el 6 de noviembre. El exalto cargo salió como pudo y respondió que «el 4 de noviembre estaban todos los ordenadores maquetados, con todo instalado».