Un micrófono en el despacho del exlíder madrileño

De madrugada, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil acompañados de un secretario judicial entran en el número 89 de la calle Alcalá de Madrid, un edificio señorial con vistas al parque del Retiro. Los investigadores utilizan una ganzúa y entran en el despacho del abogado Ignacio González, colocan un micrófono y se van.

El expresidente de la Comunidad de Madrid nunca sospechó que todo lo que hablaba entre aquellas cuatro paredes era grabado por la Guardia Civil. Se creía a salvo de escuchas indeseadas después de que en julio de 2016 recibiera el aviso a través del que fuera su mano derecha en el Canal de Isabel II, Edmundo Rodríguez Sobrino, de que eran investigados. La información procedía del soplo de una hasta ahora ignota «magistrada amiga de la casa». González dejó de hablar de asuntos comprometedores por teléfono y, por si acaso, adquirió un móvil con un poderoso sistema de encriptación.

Ante el abrupto cierre del grifo informativo, el instructor de la causa, Alejandro Abascal, juez de refuerzo de Eloy Velasco que estaba dedicado en cuerpo y alma a la trama Púnica, ordenó, según reveló la cadena Ser, la colocación del micrófono, medida amparada por una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015. Las aguas volvieron a su cauce y las conversaciones del expresidente de la Comunidad de Madrid con sus colaboradores y amigos volvieron a hacer fluir la investigación. Por esas grabaciones, los investigadores supieron muchos detalles.