Rajoy impugna ante el Constitucional los acuerdos
El presidente se reunirá hoy con Sánchez y prevé convocar un Consejo de Ministros.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. DÍAZ
Nuria Vega | Madrid
El vaivén en el Parlamento catalán retrasó hasta las dos de la tarde la reacción del Gobierno. En los despachos de la Moncloa se siguió en directo un pleno que horas después Soraya Sáenz de Santamaría calificaría de «espectáculo abochornante», propio de «otras latitudes». A la admisión a trámite de la proposición de ley del referéndum, se sumó el portazo a todas las consideraciones de la oposición. Y cuando el debate de la norma quedó definitivamente incluido en el orden del día, Mariano Rajoy activó el mecanismo para dejar sin efecto las diligencias promovidas por la Mesa de la Cámara autonómica.
No fue necesaria la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario. Bastó con el mandato del presidente del Gobierno para interponer ante el Tribunal Constitucional un incidente de ejecución de sentencia y emplazar a este órgano a pronunciarse «lo antes posible», de manera «urgente y preferente».
En el texto, de 34 páginas, la Abogacía del Estado sostiene que el Parlamento de Cataluña ha incumplido los pronunciamientos emitidos por el Constitucional desde que en 2015 sentenció contra el 9-N. Especialmente el auto del pasado 14 de febrero, cuando los magistrados acordaron anular la hoja de ruta aprobada en la Cámara y que contemplaba la convocatoria de una consulta de autodeterminación en 2017. Por eso, los servicios jurídicos del Estado solicitan que el tribunal de garantías deduzca testimonio y traslade a la Fiscalía el proceder tanto de la presidenta de la Cámara como de los miembros de la Mesa que apoyaron ayer la tramitación de la norma. El objetivo es que se diriman «responsabilidades penales» y apunta el Ejecutivo especialmente a Carme Forcadell. «Bajo su mandato -reprochó la vicepresidenta- ha muerto la democracia».
La intención
Con esta actuación, el Gobierno no sólo pretende anular las decisiones adoptadas en el Parlamento autonómico a 24 días del referéndum, sino todo el procedimiento encaminado a «intentar la secesión del resto de España».
Para hoy jueves se prevé, además, un encuentro extraordinario del Consejo de Ministros para recurrir también el contenido de la ley del referéndum, una vez aprobada en el Parlamento de Cataluña. El Ejecutivo esperará el informe del Consejo de Estado sobre la inconstitucionalidad de la norma antes de autorizar a Mariano Rajoy a impugnarla. Del mismo modo se procederá con el decreto de convocatoria de la consulta del 1 de octubre, que podría derivar en acciones contra Carles Puigdemont y los consejeros de la Generalitat.
Fuentes gubernamentales insisten en su necesidad de ser escrupulosas para no dar ningún paso en falso y preservar la imagen del Estado. En esta empresa, el Gobierno cuenta con el respaldo del PSOE y Ciudadanos. Rajoy conversó ayer con los líderes de ambas formaciones y el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, acudirá hoy mismo a las doce y media a la Moncloa para una reunión con el presidente.