Curas bajo la lupa del Vaticano

"Lo que están buscando es un mártir". La frase, pronunciada por un obispo español hace tres semanas en privado, refleja el grado de angustia con el que ha vivido la Iglesia española el proceso de secesión de Cataluña durante el mes de septiembre.

Una franja del calendario icónica para el catalanismo -al celebrarse la caída de Barcelona ante las tropas de Felipe de Borbón-, que se ha transformado en nacionalismo y reivindica los mártires de 1714. El pasado domingo hubo algunos 'mártires'. "Cataluña será cristiana o no será", escribió el obispo Josep Torras i Bages, en 1892, para singularizar la ligazón de la religión a su identidad, el culto a la patria, aunque sea desde un catolicismo integrista. El posicionamiento de una parte importante de la Iglesia catalana en favor del referéndum, calificado como un nacionalcatolicismo de nuevo cuño, ha provocado una queja del Gobierno ante la Santa Sede, un mecanismo que no se activaba en el dosier de los nacionalismos desde hace 15 años, cuando los obispos vascos publicaron una pastoral contra la Ley de Partidos.

Han sido cuatro semanas de vértigo. Los obispos catalanes se pronunciaron el 11 de mayo ante el verano que se avecinaba. Después de horas de debate consensuaron con gran esfuerzo una nota en la que pedían diálogo y respeto para los derechos de Cataluña. La consigna del Vaticano es que sólo hablaran ellos y con una sola voz. Xabier Novell, el obispo de Solsona, se resistió, pero firmó el documento. El 8 de septiembre se quitó la espina. Una vez que el Parlament aprobó las leyes para la desconexión y cuando los tribunales las habían situado fuera de la ley, el prelado se desmarcó de sus hermanos e irrumpió en el proceso apoyando la consulta y situándose junto a la Generalitat, ajeno a la evidencia de que es la izquierda extremista la que lidera el 'procés'. Luego lo hicieron 400 curas y diáconos y los cinco monasterios femeninos. El día 30 hubo oraciones de reflexión en las iglesias y se redactó una homilía conjunta para que fuera leída en la misa dominical. La segunda nota de la jerarquía catalana, emitida el pasado día 20, no había servido para apaciguar los ánimos.

Lo que se trasladó a la opinión pública es que la Iglesia catalana se volcaba con el Govern y bendecía el contrapoder que se había gestado, que ya había entrado en una fase de descontrol. Mariano Rajoy buscó un 'airbag' para amortiguar el choque que se avecinaba. Protestó ante el Vaticano y presionó para que la Santa Sede desautorizara a la Iglesia soberanista y defendiera el Estado de Derecho. Pero lo hizo de manera precipitada. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, encargada de la interlocución con Roma para las relaciones Iglesia-Estado, podría haber descolgado el teléfono y llamar a Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano (el 'número dos'), con el que ya ha contactado en distintas ocasiones. Sin embargo, optaron por la fórmula del embajador.

Gerardo Bugallo Ottone había sido nombrado en el Consejo de Ministros del pasado 3 de julio y apenas había tenido tiempo para instalarse en el palacio de la Piazza d'Espagna. De hecho, ni siquiera había presentado sus cartas credenciales, un acto previsto, paradojas del calendario, para el 2 de octubre, el día después del referéndum. Por delante de él lo hicieron los embajadores de Italia (el día 23) y el de Ghana (el día 29). Sí había presentado lo que se conoce como Copias de Estilo de las cartas credenciales, algo así como la comunicación oficial de su llegada. Se trata de un movimiento previo en el que ya se fija la audiencia definitiva. Probablemente lo haría ante monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados (el equivalente a ministro de Asuntos Exteriores), con el que habló de la situación catalana. El Gobierrno apremia al embajador para que presente una nota verbal de protesta, pero Gallagher no está en Roma. Ha viajado a Nueva York para intervenir en un foro con motivo de la Asamblea General de la ONU. Podría haberlo hecho ante el subsecretario, Antoine Camilleri, pero decide aprovechar un acto de la embajada de EE UU ante la Santa Sede a la que asiste Pietro Parolin, para entregársela al mismísimo secretario de Estado. Fue un movimiento atípico en el protocolo vaticano. Posteriormente, Bugallo viajó a Madrid para recibir instrucciones del Gobierno. Para entonces, el nuncio (embajador) de la Santa Sede en Madrid ya se había movido por indicación del Vaticano. Monseñor Renzo Fratini convocó a cenar a los cardenales españoles en activo. Se celebraba la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, una cita establecida con casi un año de antelación, pero que, paradojas del calendario, coincidió con la crisis catalana. Los prelados españoles no tenían previsto pronunciarse, pero se vieron arrastrados a ello. A la cita, en la que el nuncio les dio instrucciones para su posición, asistieron Ricardo Blázquez, Juan José Omella y Carlos Osoro, pero no lo hizo Antonio Cañizares, muñidor de la doctrina que sacraliza la unidad de España como "un bien moral".

"Derechos de los pueblos" Este concepto estuvo sobre la mesa de la Permanente, porque la sacó el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, que luego calificaría la nota como "quintaesenciada y neutral". Lo cierto es que en la reunión, en la que participaban tres prelados catalanes, hubo mucho debate. Y todos tuvieron que ceder para que fuera aprobada por unanimidad. De lo contrario, no habría habido comunicado. El texto recogía que la solución "pasa por un diálogo honesto y generoso, que salvaguarde los bienes comunes y los derechos propios de los pueblos". La nota sólo gustó en Cataluña y provocó el enfado del Gobierno, que esperaba una adhesión inquebrantable. Pero en el episcopado español se respira otro aire desde la retirada del cardenal Rouco a los cuarteles de invierno. La celebración, el pasado martes, del día de los Angeles Custodios (patrón de la Policía), propició una cascada de declaraciones episcopales en favor de la unidad y contra el independentismo.

El pasado lunes, el embajador español ante la Santa Sede presentó, por fin, sus cartas credenciales al Papa Francisco y luego se reunió con Parolin. La cuestión de Cataluña, que siempre ha estado bajo la lupa de Roma, destacó sobre la mesa en el Palacio Apostólico. El Vaticano invocó la Doctrina Social de la Iglesia y el Derecho Internacional para rechazar el movimiento de secesión al margen de la legalidad. Lo hizo en privado, pero alguien se encargó de que el mensaje trascendiera. El Gobierno respiró más tranquilo.

Ambas partes se volverán a ver las caras el próximo domingo día 15 con motivo de la canonización del escolapio español Faustino Miguez, fundador del Instituto Calasancio de las Hijas de la Divina Pastora. Falta por conocer la delegación gubernamental que se desplazará a Roma. Cuando tuvo lugar la beatificación del nuevo santo gallego, en octubre de 1998 durante el pontificado de Juan Pablo II, el presidente de la expedición fue Mariano Rajoy, entonces como ministro de Administraciones Públicas. En esa jornada siempre hay una celebración en la Embajada que reúne a representantes del Vaticano, del Gobierno y de la Iglesia española. Se volverá a hablar de Cataluña. Es la diplomacia de mesa y mantel.

LA SOMBRA DE LA CRISIS CON LOS OBISPOS VASCOS. Desde mayo de 2002 no se había producido un encontronazo entre el Gobierno y la Iglesia. En aquella ocasión fue más cruento y vino motivado por la publicación de la carta pastoral 'Preparar la paz', firmada por los obispos de Bilbao, Vitoria y San Sebastián, en la que advertían de las "consecuencias sombrías" que podría acarrear la ilegalización de la izquierda abertzale. El ministro de Exteriores, Josep Piqué, llamó a consultas al embajador ante la Santa Sede, Carlos Abella, que transmitió la queja a la Secretaría de Estado, y convocó al nuncio, Manuel Monteiro de Castro. La Conferencia Episcopal se distanció del documento, y Roma, aunque apreció "claros aspectos de inoportunidad", no llegó a intervenir. Lo que sí se fracturó fue la confianza entre unos y otros.