Una corte de Bruselas archiva la causa contra Puigdemont
El debate judicial cobra máxima actualidad a una semana de las elecciones autonómicas.
Intervención de Puigdemont a través de videoconferencia en un acto electoral de su partido. S. SÁEZ
r. g. / n. v. | madrid
Si la campaña catalana es atípica en buena medida es responsabilidad de los jueces. En estos diez días, Pablo Llarena decidió mantener en prisión a Oriol Junqueras y dejó libres a seis exconsejeros; un magistrado de Bruselas celebró la primera vista sobre la euroorden contra Carles Puigdemont; 24 horas después, el Supremo retiró la orden de busca y captura europea contra el expresident; el Tribunal de Cuentas embargó la vivienda a Artur Mas; Llarena amplió la investigación de la causa por rebelión y sedición a toda la cúpula independentista; otro juez ordenó el traslado desde Lérida al pueblo oscense de Sijena de unas obras de arte; Miquel Iceta puso sobre la mesa el indulto a los líderes secesionistas; y como colofón, la justicia belga dio ayer carpetazo a la extradición del expresident y cuatro exconsejeros. Nunca una campaña electoral había estado tan mediatizada por las togas.
Había una ley no escrita de que en campaña electoral los jueces aplazaban las decisiones que pudieran influir en las votaciones. Una máxima que, como muchas otras cosas, ha saltado por los aires en los prolegómenos del 21 de diciembre. Casi no ha habido día en que los tribunales no hayan tomado alguna decisión de fuerte impacto político y que ha marcado la agenda electoral. La última ayer con el archivo ordenado por un juez de la Cámara del Consejo de Bruselas de la causa por la euroorden de busca y captura contra Carles Puigdemont y sus cuatro exconsejeros huidos a Bélgica, una medida que permite la libre circulación del expresidente de la Generalitat por todos los países europeos, salvo España, donde se mantiene la orden de arresto.
Cada decisión de los tribunales ha sido munición para una campaña en la que las cuestiones programáticas ocupan un tercer escalón y el debate se ha centrado en la dialéctica identitario-judicial. Como todas las resoluciones han sido contrarias a sus intereses, los independentistas han cargado con ellas sus mochilas de victimismo y han nutrido el argumentario sobre el golpe de estado con ribetes franquistas que, en su imaginario, ha perpetrado «Madrid» contra la Generalitat de Cataluña.
Hasta se han dado dos circunstancias judiciales atípicas, un órgano fiscalizador de comportamiento discreto en épocas electorales, como el Tribunal de Cuentas, irrumpió en primer plano en mitad de la campaña con el embargo de los bienes inmuebles por valor de 2,3 millones de euros de Mas y tres exconsejeros por organizar el referéndum del 9-N. Hasta el traslado de unas obras de arte del Museo de Lérida al municipio oscense de Sijena ordenado por un juez de primera instancia se convirtió en un agravio para el soberanismo. Cualquier decisión judicial que afecte a Cataluña se ha envenenado a la sombra de la campaña.
Los constitucionalistas han hecho equilibrios para defender unas resoluciones judiciales que han jugado en contra de sus intereses electorales y a favor de los del mundo secesionista. Ni Ciudadanos ni PSC ni PP están cómodos en una campaña en la que sus principales adversarios soberanistas están en prisión o fugados y con órdenes de captura. Una circunstancia que abona la idea de que no es una campaña en igualdad de condiciones, argumento que blanden los independentistas sin desmayo porque es de difícil contestación. El razonamiento de que las decisiones de los jueces no reparan en los tiempos políticos no cala ante la tozudez de los hechos.
Bulos sobre el 21-D
El Gobierno garantiza que pondrá un «celo especial» para frenar las posibles noticias falsas que se divulguen a través de las redes sociales en el tramo final de la campaña en Cataluña. El Ejecutivo está dispuesto a contrarrestar los bulos sobre el 21-D, según la trascendencia de los mismos, para evitar que interfieran en el sentido del voto o acaben desacreditando la democracia española. Así lo confirmaron fuentes de La Moncloa el mismo día en el que Soraya Sáenz de Santamaría compareció a puerta cerrada en la Comisión de Gastos Reservados del Congreso para informar sobre las injerencias rusas en el proceso secesionista.
